La ONU acusa a Ortega y su entorno de crímenes sistemáticos en Nicaragua
Informe acusa a Ortega y su círculo de graves violaciones a DD.HH.
Un informe demoledor del grupo de expertos de la ONU identifica a 54 altos funcionarios, militares y figuras del partido oficialista de Nicaragua como responsables directos de violaciones graves de derechos humanos. El documento, presentado este jueves, describe una maquinaria estatal coordinada para reprimir, silenciar y castigar a quienes se oponen al régimen de Daniel Ortega.
“Este informe revela la anatomía de un sistema de gobierno que ha puesto todos los poderes del Estado al servicio de la represión”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo, en una declaración oficial. El informe, de 234 páginas, documenta un patrón sistemático de abusos: detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la prensa, exilio forzado, retiro de nacionalidades y confiscación de bienes.
Entre los señalados figuran el propio presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos como el jefe del Ejército, Julio César Avilés; la fiscal general Ana Julia Guido; y el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
La investigadora Ariela Peralta explicó que las violaciones no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia estatal bien organizada, ejecutada desde la Presidencia hasta las estructuras locales. “No se trata de excesos puntuales, sino de una política deliberada sostenida por una cadena de mando perfectamente identificada”, sostuvo.
Para elaborar el informe, el equipo de la ONU realizó más de 1.600 entrevistas y revisó 8.400 documentos, muchos de ellos confidenciales. La investigación también analiza el reciente paquete de reformas constitucionales que refuerzan el control de Ortega sobre las instituciones.
La lista con los 54 nombres fue remitida de forma reservada al Gobierno nicaragüense, que se negó a colaborar con la misión. El informe será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de abril.
Este documento refuerza la presión internacional contra el régimen nicaragüense, acusado reiteradamente de desmontar el Estado de derecho y reprimir a su población mediante el miedo y la violencia institucional.
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