Onpeco: apagones programados violan derechos y la Ley 125-01

Observatorio denuncia riesgos para la salud y facturación injustificada

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) alertó que los apagones programados no están contemplados en la Ley 125-01, lo que los convierte en una práctica ilegal que, además, pone en peligro la salud de muchas familias debido a los cortes de energía prolongados.

Onpeco señaló que los cortes de energía afectan la cadena de frío en alimentos y medicamentos que necesitan refrigeración, lo cual genera riesgos graves para la salud de los consumidores.

“Las madres lactantes que almacenan leche materna se ven afectadas al perder este alimento esencial, lo que es inaceptable en un país que ha invertido millones en subsidios energéticos”, declaró la institución.

Facturación elevada y mora injusta afectan a los usuarios del servicio

La organización también denunció irregularidades en la facturación eléctrica, donde los consumidores enfrentan montos inflados que no reflejan el consumo real. En algunos casos, se reportan viviendas cerradas con facturas exorbitantes.

Además, Onpeco criticó la demora en la resolución de reclamaciones por parte de Protecom, indicando que al cierre del último trimestre de 2024 existían cerca de 37 mil reclamaciones pendientes, mientras las distribuidoras continúan cobrando mora a los usuarios en proceso de disputa.

Transición hacia energías limpias: solución a largo plazo

El Observatorio reiteró su llamado a implementar una transición energética sostenible, promoviendo la eliminación de impuestos sobre paneles solares y apostando por fuentes de energía renovable.

“La dependencia de combustibles fósiles no solo encarece el servicio, sino que perpetúa un modelo ineficiente e insostenible. Es hora de avanzar hacia una energía más limpia y accesible”, afirmó Onpeco.

Por último, la institución instó a la Superintendencia de Electricidad a prohibir el cobro de mora durante reclamaciones activas y a garantizar mayor transparencia en la facturación, para proteger a los usuarios de prácticas abusivas de las distribuidoras de electricidad.