Abogados exigen salario mínimo de 60 mil pesos

El CARD busca  que sea extensivos a los que también son policías y militares

Santo Domingo,-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha dado un paso audaz al presentar una propuesta de ley revolucionaria que establece un salario mínimo de 60 mil pesos para abogados del sector público, incluyendo aquellos que sirven en las fuerzas policiales y militares. 

Trajano Potentini, presidente del CARD, junto a una comitiva de juristas, presentó la iniciativa ante la cámara de diputados. Busca dignificar el ejercicio profesional y asegurar condiciones laborales justas para los juristas que defienden el Estado de Derecho.

Fundamentos constitucionales y legales: bases de la propuesta

La propuesta se sustenta en principios constitucionales como el artículo 38, que establece la inviolabilidad de la dignidad humana, y el artículo 62, que garantiza el derecho a un trabajo digno. 

Además, se ampara en la Ley No. 41-08 de Función Pública y la Ley No. 105-13, que regulan la equidad retributiva en el sector público.

Justificación y objetivos

El proyecto subraya que los abogados son esenciales para la administración de justicia y que su labor impacta significativamente en la sociedad dominicana. Además, se alinea con estándares internacionales, como la resolución de la ONU que celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. 

Potentini enfatizó que esta medida no solo mejorará las condiciones laborales, sino que también fortalecerá la eficiencia de los servicios legales en beneficio de la ciudadanía.

Impacto en el sector público

La propuesta prevé un salario mínimo específico para abogados en el sector público, tanto civiles como militares, respetando la dignidad, competencias y riesgos asociados a su función. Entre los impactos esperados se destacan:

1. fortalecimiento institucional: Un salario digno incentivará un mayor profesionalismo y eficiencia en las funciones de los abogados públicos.
2. reducción de desigualdades: Busca cerrar las brechas salariales en el sector público, promoviendo justicia social y equidad.
3. alineación con estándares internacionales: Posiciona a la República Dominicana como líder regional en la defensa de los derechos laborales.

Dignidad profesional y justicia social en juego

Para Potentini, esta propuesta es un llamado al Estado para reafirmar su compromiso con los valores de justicia, equidad y desarrollo humano. "Es hora de reconocer el valor de los abogados que, día a día, luchan por la defensa de los derechos ciudadanos y la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho", concluyó.

La iniciativa marca un precedente en el debate nacional, subrayando la necesidad de reformas profundas que garanticen condiciones laborales justas para todos los profesionales del sector público.