JCE, PGR y DGSPC buscan asegurar voten presos sin pena criminal

Las instituciones buscan asegurar que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto de manera digna y transparente.

En una reunión conjunta entre la Junta Central Electoral (JCE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), se discutieron los últimos detalles para implementar el voto penitenciario en las próximas elecciones del 19 de mayo. 

Esta iniciativa, en cumplimiento con la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, garantiza el derecho al voto para aquellos que no están condenados irrevocablemente a pena criminal.

La reunión contó con la presencia de importantes funcionarios, incluyendo a Dolores Fernández Sánchez de la JCE, Roberto Hernández de la DGSPC, y Andrés Mena Marte de la PGR, entre otros. 

Se discutió el protocolo y la logística electoral para esta iniciativa, con énfasis en la garantía de derechos humanos y dignidad para los privados de libertad.

Dolores Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, destacó que el voto penitenciario es un avance para la democracia y subrayó su importancia como política pública. 

También resaltó la asistencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), en este proceso.

La Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, garantiza el derecho al voto para aquellos que no están condenados irrevocablemente a pena criminal.

Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE, explicó que el objetivo principal del voto penitenciario es garantizar el derecho al sufragio y dignificar su calidad. 

Dijo que para eso se llevaron a cabo acciones de preparación, incluyendo un levantamiento en los recintos penitenciarios y una inducción a los internos sobre el proceso de votación.

Las votaciones se llevarán a cabo según los procedimientos establecidos por la JCE, con horarios diferenciados dependiendo del número de votantes en cada recinto penitenciario. 

La idea es asegurar un proceso rápido y eficiente, con la participación de supervisores, miembros de colegios electorales y delegados políticos.

La resolución 31-2024 de la JCE establece los horarios y procedimientos específicos para el voto penitenciario, con la intención de coordinar el cierre del escrutinio con el de los colegios electorales ordinarios.