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Ministerio Público explica por qué ha solicitado prórroga en Caso Operación Calamar

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Mirna Ortiz, anunció hoy que las investigaciones sobre la Operación Calamar que imputa a exministros, entre ellos José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo siguen su curso.

Fiscalía busca extender el plazo para presentar acusación debido a pruebas de cooperación jurídica internacional y solicitudes a órganos estatales.

SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Ministerio Público justificó el lunes la necesidad de extender el plazo para presentar la acusación por corrupción administrativa en el caso de la Operación Calamar, con el objetivo de aportar pruebas adicionales solicitadas a órganos estatales y de cooperación jurídica internacional.

Rosa Alba García, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que se ha presentado una solicitud de prórroga debido a la complejidad del proceso, respaldada por la normativa procesal penal que permite una prórroga de hasta cuatro meses en casos de criminalidad organizada.

La jueza se ha reservado el fallo para el próximo 9 de febrero a las 9:00 de la mañana.

García señaló que se han solicitado resultados de investigaciones especiales y auditorías financieras y de gestión a la Cámara de Cuentas, que aún están pendientes de entrega. Además, se han realizado solicitudes de asistencia jurídica internacional a otras naciones que han confirmado su cooperación.

El Ministerio Público espera recibir esta información y utilizarla como elementos probatorios en la acusación, lo que ha motivado la solicitud de prórroga.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha programado la emisión del fallo sobre la solicitud de prórroga para el 9 de febrero a las 9:00 de la mañana. En la audiencia, la jueza Ana Lee Florimón revisó la petición de extensión de plazo de cuatro meses presentada por el órgano persecutor.

En la denominada Operación Calamar, el Ministerio Público imputa a exministros y otras personas por sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos para la campaña política del 2020. Los imputados incluyen a José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, y otros funcionarios y exfuncionarios.

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