Solicitan medida de coerción en contra de dos miembros de la red “Kiko La Quema”
La solicitud contra de Elvi de la Rosa de León y Jonathan Emeterio Lorenzo, arrestados la madrugada del pasado domingo
Santo Domingo, 29 de noviembre de 2023.-El Ministerio Público presentó ante la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial una solicitud de medida de coerción contra dos individuos acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos.
La operación estaba liderada por José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko La Quema, quien actualmente se encuentra prófugo.
La Fiscalía de San Cristóbal llevó a cabo la solicitud de medida de coerción contra Elvi de la Rosa de León, un teniente coronel retirado de la Policía Nacional, y Jonathan Emeterio Lorenzo. Ambos fueron detenidos en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en San Cristóbal.
El arresto ocurrió durante un desplazamiento en un vehículo Toyota Land Cruiser Prado, propiedad de De la Rosa. El destino era entregar suministros a Yúnior Rodríguez, alias Pupi, quien a su vez debía hacer la entrega al prófugo Figuereo Bautista, conocido como Kiko La Quema.
Durante la intervención, se encontró en el vehículo un canasto con diversos productos alimenticios. Asimismo, a De la Rosa se le incautó una pistola ilegal y una suma de dinero considerable. Lorenzo también portaba un teléfono celular.
La inteligencia policial llevó a un segundo operativo en Cambita Garabitos, donde se confiscó un vehículo Honda CRV-EX utilizado por la red criminal. Además, se produjo un enfrentamiento con Rodríguez, resultando en su fallecimiento debido a heridas de bala.
El Ministerio Público ha señalado que De la Rosa, aprovechando su estatus como teniente coronel retirado, transportaba al prófugo Figuereo Bautista en vehículos de la organización, evitando controles policiales. También compraba y transportaba alimentos, bebidas e insumos ilegales hacia la zona donde se esconde Kiko La Quema.
En cuanto a Lorenzo, sus funciones incluían la gestión y adquisición de vehículos utilizados por la red para cometer diversos crímenes y delitos, desde homicidios hasta narcotráfico.
El Ministerio Público ha imputado a ambos los delitos de acuerdo con el Código Penal Dominicano y las leyes 631-2016 y 50-88 sobre armas y drogas, perjudicando al Estado Dominicano y a la sociedad de San Cristóbal.
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