Abel Martínez denuncia ‘estafa' en renovación de contrato aeroportuario

Candidato presidencial del PLD critica extensión de concesión a Aerodom en periodo electoral

Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha lanzado una contundente crítica contra el gobierno actual por la reciente extensión del contrato de concesión a Aeropuertos Dominicanos (Aerodom). En una declaración, Martínez calificó este acto como una "estafa" hacia el pueblo dominicano, especialmente por realizarse siete años antes de su vencimiento y en medio de un clima electoral.

Durante una entrevista con medios del Grupo Telemicro, Martínez enfatizó que la decisión viola los principios de transparencia y honestidad que deben regir en la República Dominicana. Cuestionó la lógica detrás de renovar un contrato con una entidad que, según él, no ha generado beneficios significativos para el Estado dominicano ni ha cumplido con sus obligaciones previas.

Martínez sugirió que, en lugar de una renovación directa, el gobierno debería haber optado por un proceso de licitación pública, tanto nacional como internacional, permitiendo la participación equitativa de otros oferentes con experiencia en la administración de aeropuertos.

El líder opositor se mostró particularmente crítico de la manera en que se anunció la renovación, describiéndola como una maniobra poco ética y carente de transparencia. Según Martínez, el anuncio de la renovación del contrato, que incluye un pago de 750 millones de dólares, carece de constitucionalidad y se realizó sin un adecuado proceso de consulta con la sociedad y los sectores interesados.

Esta denuncia de Abel Martínez resalta una creciente preocupación sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia gubernamental en la República Dominicana. El candidato presidencial del PLD insiste en la necesidad de revisar y consensuar el contrato con Aerodom, alegando que la forma en que se ha manejado esta renovación va en contra de los estándares de conducta ética y transparente que deben regir en el sector público.