Continúan con allanamientos los ataques contra Movimiento Semilla en Guatemala

La Fiscalía ordenó allanar viviendas contra simpatizantes del movimiento del presidente electo, por presunto lavado de dinero.

La Policía Nacional de Guatemala, bajo las órdenes del Ministerio Público (MP), ha realizado 31 allanamientos a viviendas de simpatizantes y afiliados del partido Movimiento Semilla. Estas acciones forman parte de una investigación contra la formación del presidente electo, Bernardo Arévalo, por presunto lavado de dinero.

La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión por delitos como usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. Entre los afectados se encuentran la excandidata a diputada Marcela Blanco, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, y el abogado Ramón Cadena.

Marcela Blanco, a través de un mensaje de vídeo, que recoge Europa Press, denunció que se emitió una orden de captura en su contra y expresó su rechazo a las acciones del Ministerio Público, calificándolas como un ataque a quienes se oponen a la corrupción.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, tilda las acciones del Ministerio Público de "espurias e inaceptables"

El presidente electo, Bernardo Arévalo, consideró las acciones de la Fiscalía como "espurias e inaceptables" y exigió respeto a la seguridad e integridad de los afectados. Movimiento Semilla denunció los allanamientos como un acto para atemorizar al pueblo guatemalteco, calificándolos como parte de un golpe de Estado.

El proceso electoral concluyó en octubre, oficializando la victoria de Arévalo. El Ministerio Público ha realizado acciones para invalidar los resultados y desacreditar a Movimiento Semilla, enfrentando críticas internacionales.

La Fiscalía acusa al partido de lavado de dinero, argumentando que pagó alrededor de 175,000 quetzales guatemaltecos por las firmas recolectadas. Esta acusación ha generado controversias y críticas tanto dentro como fuera de Guatemala. 

Los principales involucrados en la causa son el juez Fredy Orellana, el fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, y la fiscal general Consuelo Porras, esta última incluida en una lista de agentes corruptos elaborada por Estados Unidos.