Productores cinematográficos alertan peligran derechos de Autor por decisiones de la SCJ

La APRODOMCINE advierte sobre posibles repercusiones en la industria cinematográfica local tras recientes sentencias judiciales.

Santo Domingo, 11 de octubre de 2023.- La Asociación Dominicana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APRODOMCINE) ha elevado su voz de alarma ante lo que consideran una amenaza a los derechos de autor de las obras cinematográficas dominicanas. Esto, a raíz de dos sentencias dictadas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en 2021.

Las decisiones judiciales en cuestión, las sentencias 2076-2021 y 3420-2021, desfavorecen la libre explotación de obras cinematográficas. En ellas se niegan los pagos por derechos de autor en habitaciones de clínicas y centros médicos. Estas sentencias están siendo objeto de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC).

Humberto Castellanos, al frente de APRODOMCINE, manifestó su preocupación, afirmando que “la industria cinematográfica ha sido gravemente afectada por estas decisiones judiciales. La comunicación pública de películas en clínicas y centros médicos ha sido desestimada, a pesar de que la ley de derecho de autor la reconoce como sujeta a pago".

Castellanos también destacó la incongruencia de estas sentencias en el contexto actual, donde las producciones audiovisuales, integrantes de la economía naranja, son promovidas como nichos de inversión. Además, resaltó los esfuerzos del Estado dominicano por incentivar la industria cinematográfica, logrando reconocimiento internacional.

El presidente de APRODOMCINE anticipó que tales decisiones judiciales podrían tener un impacto negativo en el sector, manifestándose en una reducción de ingresos para los productores y complicaciones en la negociación de contratos y adquisiciones de derechos.

Por último, es crucial mencionar que la Ley de Derecho de Autor No.65-00, en su artículo 19, establece que el productor, al representar los derechos de una película, tiene la potestad de autorizar o prohibir todos sus usos. El Reglamento de Aplicación de la ley refuerza esta postura, señalando que las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre sí.