Procurador Adjunto resalta rigor del MP en caso contra diputada Rosa Amalia Pilarte

La audiencia preliminar se aplaza para el 2 de octubre mientras la defensa pide tiempo para evaluar pruebas digitales

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Pedro Amador destacó la labor rigurosa del Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva a cabo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Amador afirmó que, cuando se presenta una acusación, es porque se han encontrado pruebas sólidas que comprometen la responsabilidad penal del acusado.

En una declaración oficial, el procurador adjunto de la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales resaltó que solo se procede con la acusación cuando hay "indicios, evidencias y pruebas que comprometen la responsabilidad penal".

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, aplazó la audiencia preliminar para el próximo 2 de octubre a las 10:00 a.m., en respuesta a una solicitud de la defensa que pidió más tiempo para evaluar varias pruebas digitales.

En cuanto a la solicitud de tiempo adicional para la defensa, Amador señaló que el Ministerio Público está dispuesto a colaborar. "Frente a cualquier evidencia digital a la que no hayan tenido acceso, estamos aperturados", dijo.

Por su parte, la defensa solicitó un plazo de 30 días para conocer las pruebas, aunque el tribunal concedió solamente cinco días, conforme a los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal.

El caso contra Pilarte se encuentra en una etapa preliminar, y el Ministerio Público está solicitando la apertura a juicio. La diputada ha sido acusada de colaborar en la colocación de más de 4,451 millones de pesos en el mercado financiero, fondos que, según el Ministerio Público, provienen de actividades de narcotráfico lideradas por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, también acusado en el caso.

Amador estuvo acompañado en la audiencia por los procuradores adjuntos Isis de la Cruz y Fernando Quezada, así como por el procurador general de Corte de Apelación Pelagio Alcántara Sánchez.