En medio de ambiente tenso conocen medidas de coerción contra arrestados en Operación Calamar

La seguridad policial ha sido reforzada ante anunciadas manifestaciones de sectores políticos.

Santo Domingo.-El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentra rodeado por un gran contingente policial en medio de la audiencia que se lleva a cabo en contra de los 20 detenidos en la operación Calamar. 

La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, reanudó la audiencia en la que se conocerán las medidas de coerción a los implicados en el caso de corrupción que involucra a varios exfuncionarios del gobierno pasado.

Entre los acusados ​​figuran los exministros Gonzalo Castillo, de Obras Públicas; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; y Donald Guerrero, de Hacienda, quienes están siendo representados por un equipo de abogados que incluye a Carlos Olivalivares, Blas Minaya, Laura Acosta, Hiroito Reyes, Eduardo Niñez, Santiago Rodríguez, Emery Rodríguez, Luz Díaz, Luis Rivas, Norberto Rondón, Carlos Escalante y Wendy Lora.

Por su parte, el Ministerio Público está representado por la procuradora directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y la procuradora de Corte, coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, junto a otros fiscales como Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena.

La audiencia tiene como objetivo determinar si se impondrá alguna de las medidas consignadas en el Código Procesal Penal contra los imputados, con el fin de garantizar su comparecencia a los actos del proceso y el desarrollo de la investigación de manera transparente y justa.

El caso Calamar ha causado un gran revuelo en la sociedad dominicana, ya que los acusados ​​son señalados por el Ministerio Público de haber distraído del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos, lo que representa un grave acto de corrupción que ha afectado el erario público

El proceso judicial continúa en medio de un ambiente de expectativa y tensión, mientras los imputados y sus abogados defensores buscan argumentos para evitar que se les impongan medidas restrictivas de libertad.

La ciudadanía espera que se haga justicia y se aplique la ley a todos aquellos que hayan cometido delitos en perjuicio del Estado y de la sociedad dominicana en su conjunto.