DGCP y UAF se unen para prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas

El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en esa institución.

Santo Domingo, D.N.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron aunar esfuerzos para fortalecer la prevención e investigación del lavado de activos, así como otras infracciones y delitos de corrupción en el marco de los procesos de contrataciones públicas.

Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el Programa de Cumplimiento Regulatorio que impulsa la DGCP, y los trabajos concernientes a la mesa técnica creada mediante el Decreto 36-21 que instituye dicho programa.

En un comunicado se explica que el convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país.

Los directores de la DGCP y de la UAF, Carlos Pimentel, y María Elisa Holguín, respectivamente, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención de la corrupción, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.

Durante la firma del acuerdo en la sede de la UAF, María Holguín dijo ser una abanderada del Programa de Cumplimiento Regulatorio en el sector público ya que aportará al desarrollo de la sana competencia en las contrataciones. Al mismo tiempo destacó la importancia de fomentar la educación a los involucrados de los procesos de contrataciones públicas para que el desarrollo y cumplimiento del decreto se ejecute de manera transparente.

El director de la DGCP también anunció que se están dando los pasos necesarios para la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en contrataciones públicas que servirá de apoyo al Programa de Cumplimiento Regulatorio, al tiempo de servir para la debida diligencia, desde el momento de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) hasta el proceso de participación en los procesos de contrataciones.