<p>Se enfrentan por proyecto crearía zonas tolerancias de trabajadoras sexuales</p>

El proyecto que busca crear zonas rosas o de tolerancia para trabajadoras sexuales, durante la segunda vistas públicas ocasionó fuertes debates entre varios sectores.

La comisión de justicia de la Cámara de Diputados, encabezó la vista pública, la cual se realizó en el salón Hugo Tolentino de Dipp, y mientras uno tratan de confinar las trabajadoras sexuales, otros opinan&nbsp;que sería violatorio a los derechos humanos, discriminatorio.

En tanto, algunos consideraron que el proyecto es viable en el país, porque reubicaría a las trabajadoras sexuales en una zona de tolerancia.

Algunos de los que participaron en la vista pública entienden que las trabajadoras sexuales deben ser incluidas en la seguridad social, para que se puedan insertarse en la sociedad a través de capacitación técnico-profesional.

Jacqueline Montero, del Movimiento de Mujeres Unidas y la Comunidad de Travestis, Transexuales y Transgéneros, advirtieron que la regulación del trabajo sexual en zonas específicas o las llamadas zonas rosa, atenta contra sus derechos, contra el deseo de las trabajadoras sexuales de superar la condición de marginalidad.

La también regidora del Ayuntamiento de Haina, quien dijo trabajó como prosituta 12 años, indicó que “una se prostituye porque está pasando mucha necesidad. Créanme no es fácil acostarse con un hombre que uno no quiere, pero cuando los hijos están pasando hambre y no hay trabajo no se puede hacer otra cosa”

Marina Torres, presidenta del Movimiento Unido de Mujeres, se opone porque “esta ley crea espacio de exclusión”, en tanto, Junior Casado, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, felicitó la iniciativa de la diputada&nbsp;Esther Minyetti, Juan José Morales Cisnero y Eugenio maría Méndez.

Así mismo plantearon sus pareceres José Santana, Mayra Cabral del Colectivo Mujer y Salud, quien abogó por un “proyecto de no exclusión, porque hay hombres que ejercen la prostitución”, como expresó el transexual, Nairobi Castillo.

Mariela Carvajal, en representación de la Organización Alianza Institucional Canadiense pidió a la comisión revisar la disposición que obliga a las trabajadoras sexuales a someterse a pruebas obligatorias para detectar las infecciones de transmisión sexual y dar a conocer su estado de salud en una tarjeta emitida por el Gobierno, y que se establezcan multas si no cumple con esa disposición.

El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN),&nbsp;al rechazar el proyecto plantearon su modificación de manera que se permita ejercer con regulaciones efectivas a los trabajadores del sexo, y tener acceso a servicios sociales y de salud.

Angélica Segoviano, de la Congregación Santísimo Redentor y presidenta de la fundación Nuestra Esperanza, pidió que la iniciativa de ley abarque a las trabajadoras, y niñas y niños menores de edad de los bateyes.

Solicitó que se incluya castigado para las personas que negocian, trafican con menores&nbsp;y tienen encerradas en prostíbulos a mujeres, niñas y adolescentes en contra de su voluntad.&nbsp;

La ex jueza abogada María Carlos, planteó modificar el proyecto para que se castigue con pena de prisión a los proxenetas y a sus promotores de la prostitución.

Este viernes más de 20 instituciones descentralizadas, Organizaciones No Gubernamentales, organismos de Salud, Educación, estudiantes universitarios, profesionales de diversas áreas fueron escuchados en la segunda Vistas Públicas.