<p>ONU ratifica rechazo a utilización de mercenarios</p>

Naciones Unidas, 20 dic (PL) Naciones Unidas reafirmó que la
utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios
infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la
organización mundial.

También pidió a los Estados que vigilen a las empresas privadas de
servicios de asesoramiento y de seguridad militares y les prohíban
intervenir en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar
regímenes constitucionales.

Esa postura aparece en una resolución aprobada la víspera por la
Asamblea General bajo el título Utilización de mercenarios como medio de
violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de
los pueblos a la libre determinación.

El texto recibió 130 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones.

Excepto Azerbaiyán y Rusia, que sufragaron de manera positiva, y Suiza,
que se abstuvo, los restantes países de Europa rechazaron el documento,
entre ellos Francia y Gran Bretaña, más Estados Unidos, miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

Por el contrario, la casi totalidad de América Latina y el Caribe
apoyaron la resolución, salvo Chile, México y Colombia que se
abstuvieron.

La resolución alerta que los conflictos armados, el terrorismo, el
tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias
fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial.

Asimismo expresa preocupación por los efectos de las actividades de las
compañías militares y de seguridad privadas en el disfrute de los
derechos humanos, en particular cuando operan en situaciones de
conflicto armado.

Al respecto, la Asamblea General indica que "rara vez se exige a esas
empresas y a su personal que rindan cuentas por violaciones de los
derechos humanos".

Por esa razón, solicita que los Estados adopten providencias
legislativas para impedir que su territorio y su nacionales sean
utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar, proteger o de
tránsito de mercenarios.

Más adelante, reclama la regulación de los registros y concesión de
licencias a esas empresas privadas militares de seguridad para
garantizar que sus servicios no violen los derechos humanos ni
obstaculicen su ejercicio en el país receptor.

Exhorta a investigar la posible participación de mercenarios "cuando y
dondequiera se produzcan actos criminales de índole terrorista" y a
enjuiciar o extraditar a los responsables de conformidad con las leyes
nacionales y los tratados pertinentes.

El texto condena cualquier forma de impunidad para quienes perpetran
actividades mercenarias y a los responsables de su utilización,
reclutamiento, financiación y &nbsp;entrenamiento.