El transfuguismo deja millones de dólares<br>

Panamá, 24 mar (PL) El transfuguismo (cambio de partido político) en
Panamá es un negocio millonario que deja a cada diputado que salta al
oficialismo miles de dólares mensuales, revela hoy una investigación
pública.

El diario La Estrella, autor de las averiguaciones, señala que una
cuarta parte de los diputados de la Asamblea Nacional se ha mudado de
las filas opositoras al oficialismo.

Dicho movimiento, agrega, ha restado ocho diputados a la bancada del
Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea, y nueve a la del
Partido Panameñista.

Cada tránsfuga, según el exviceministro Luis Ernesto Carles, habría
recibido al menos dos millones de dólares anuales en partidas y otros
miles de dólares para planilla y actividades políticas.

Además de su planilla personal (que ronda los cuatro mil dólares
mensuales), 10 de los 17 diputados que han cambiado de colectivo en los
últimos dos años y medio tienen fondos mensuales superiores a los cuatro
mil adicionales a su planilla personal, añade el estudio.

Se supone que ese dinero sea para el pago a sus asistentes, choferes y secretarias, según un informe de la Asamblea Nacional.

El tránsfuga que más dinero en planilla permanente gasta es Francisco
Alemán (10,825 dólares), seguido de Manuel Cohen (10,500) y Ricardo
Valencia (10,050). Y con los últimos nueve tránsfugas el Estado gastará
hasta 2014 unos 54 millones, añade el diario.

Para la abogada Idalia Martínez, la situación no significa más que el
actual gobierno se ha convertido en un experto en compra de conciencias y
lo consigue porque a muchos los mueve el interés.

El analista Edwin Cabrera cree que si hay certeza en las versiones
legislativas, se confirmaría que la clase política trabaja para que el
pueblo la repudie cada vez más. Eso sería la desnaturalización de las
funciones de la Asamblea, aseguró.

El fiscal electoral Eduardo Peñaloza dijo no tener facultad para
investigar denuncias contra los diputados y el gobierno, en tanto el
exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez explica que
mientras no haya pruebas de que tienen esos fondos, no hay delito
punible.

lac/lma