SCJ ratifica condena a ingeniera incumplió trabajo <br>
SCJ convierte en definitiva condena de prisión preventiva que fue
cambiada por libertadpara que cumpla
pena en la calle
La Suprema
Corte de Justicia convirtió en definitiva una sentencia de la Tercera Cámara
Penal de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional que condenó a 2 años de prisión y al pago de una
indemnización de 3 millones de pesos a una ingeniera, por trabajo pagado y no
realizado.
La ingeniera Wanda
Gawdeline Ramírez Vélez, fue condenada por violación a la Ley No. 3143 sobre trabajo
pagado y no realizado, a 2 años de prisión correccional suspendida
condicionalmente.
También fue condenada a la devolución de 2 millones 073 mil 932 pesos y al pago de una indemnización de 3
millones de pesos a favor de las hermanas Astrid
Encarnación de la Cruz
y Sully Encarnación de la Cruz.
La ingeniera que se dedica a la construcción de casas y apartamentos no
irá a la cárcel sino que su condena de dos años de prisión correccional estará
supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: residir en la calle
Winston Arnaud, número 51, El Millón, Residencial La Marquesa lll; abstenerse
de visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas; abstenerse de viajar al
exterior sin autorización del juez de la ejecución de la pena; abstenerse del
abuso de bebidas alcohólicas y tomar cursos de capacitación o formación
profesional relativo a la deontología o ética profesional.
En principio la ingeniera fue condenada a cumplir su pena
en la cárcel por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sin
embargo,la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional modificó por propio imperio, y no a solicitud de las partes, la prisión por residir en un lugar específico
durante los dos años, no visitar centros de expendios de bebidas alcohólicas y
que no pueda viajar sin autorización del juez de la ejecución de la pena, entre
otras condiciones.
La Suprema
Corte de Justicia convirtió en definitiva la Sentencia No.
072-TS-2011 del 3 de junio del 2011, confirmada por las Resoluciones de las
Salas Reunidas de la Suprema
de Justicianúmeros 2546 y 3551 del 08
de septiembrey 15 de diciembre del
2011, luego de un proceso penal que se inició en marzo del año 2008.
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