Cree declaraciones juradas son revés a prédicas éticas del gobierno de Medina<br>

<b>La
organización recordó que el presidente Danilo Medina al promover el Código de
Pautas Éticas, con el cual todos los funcionarios del gobierno se
comprometieron a servirle a las personas y a la sociedad en su conjunto, con
honestidad, equidad, eficiencia y transparencia.</b>

Santo Domingo, D. N., 21 de septiembre
del 2012.- La ALIANZA DOMINICANA
CONTRA LA CORRUPCION, ADOCCO, dijo este viernes que la negativa de los
funcionarios obligados por la Ley 82-79 de presentar sus declaraciones juradas
de bienes, constituye un revés a las anunciadas intensiones del presidente
Danilo Medina de un gobierno ético y transparente, por lo que pidió la
inmediata destitución de aquellos que al día de hoy no han cumplido el mandato
de la ley y honrado el compromiso asumido frente al presidente y al país, con
la firma del Código de Pautas Éticas e Integridad Gubernamental.

La
organización recordó que el presidente Danilo Medina al promover el Código de
Pautas Éticas, con el cual todos los funcionarios del gobierno se
comprometieron a servirle a las personas y a la sociedad en su conjunto, con
honestidad, equidad, eficiencia y transparencia.

Con
el Código de Pautas Éticas, el presidente Medina dijo que haría un gobierno
ético y moral, transparente, basado en la justicia social; sin tráfico de
influencia, fortaleciendo los derechos de todos, asegurando la perspectiva de
género, y dejando bien claro que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley
y para la ley”.

El
Código establece que los funcionarios deben presentar su declaración jurada de
bienes a más tardar a los 30 días de asumir el cargo, y a demostrar el origen
de los mismos, antes, durante y después de haber finalizado sus funciones, así
como presentar anualmente sus informes fiscales y la constancia de sus
compromisos tributarios.

El
Coordinador General de la entidad anticorrupción valoro de positivo la decisión
del presidente Medina de rescindir mediante el Decreto No. 570-12 que ponía en
manos de varios empresarios la explotación y administración del Puerto de
Manzanillo sin pagar nada a cambio; bajo “la dirección técnica administrativa y
operacional del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de
Montecristi” con su órgano gestor, la Corporación Portuaria del Atlántico S.A”;
a partir de ahora, el puerto de manzanillo pasa a la dirección de la Autoridad
Portuaria Dominicana.

Asimismo
ADOCCO, pondero la eliminación de otorgamiento de permisos para la importación
de productos agrícolas, a través del Ministerio de agricultura, lo que se había
constituido en una fuente de enriquecimiento ilícito de funcionarios
gubernamentales y personeros ajenos a la actividad agropecuaria, en detrimento
de los productores nacionales que veían como se inundaba el mercado nacional de
productos extranjeros que podían ser producidos en el país; “Sin dudas que esas
medidas contribuyen a general confianza y enviar la señal de enfrentar la
corrupción, pero que se ha visto infectada con la no presentación de las
declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios”. Termino
diciendo Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, vocero de ADOCCO.