Ministerio Público pedirá prisión preventiva por intrusismo odontológico en La Vega

Paciente sufrió lesiones permanentes tras cirugía realizada por falso odontólogo

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público solicitará en las próximas horas prisión preventiva contra Franklin José Almánzar Escarramán, acusado de ejercer ilegalmente la odontología sin exequátur y de causar lesiones permanentes a una paciente durante un procedimiento quirúrgico realizado en un consultorio de La Vega.

El caso también involucra a su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, señalado por presunta complicidad al permitir que las intervenciones se realizaran en su consultorio.

La solicitud de medida de coerción será presentada ante la jurisdicción competente, mientras el órgano acusador sostiene que las actuaciones atribuidas a los imputados pusieron en grave riesgo la salud de la víctima y pudieron haber tenido consecuencias fatales.

Fiscalía acusa ejercicio ilegal de la odontología

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de La Vega, el imputado de 51 años realizaba procedimientos odontológicos sin contar con el exequátur exigido por la legislación dominicana. Las intervenciones se efectuaban en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega.

Ambos fueron arrestados mediante orden judicial luego de entregarse voluntariamente en la Subdirección Regional de la Policía Nacional, donde enfrentan cargos relacionados con el ejercicio ilegal de la profesión y complicidad.

La titular de la Fiscalía de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que el proceso se desarrollará respetando las garantías constitucionales y el debido proceso de los imputados.

Paciente sufrió daños permanentes tras una cirugía

Según la investigación, la víctima acudió al consultorio el 17 de enero de 2026 para la extracción de sus cuatro terceros molares mediante un procedimiento cubierto por su seguro médico.

Las pesquisas establecen que Franklin José Almánzar Escarramán inició la intervención aplicando anestesia y posteriormente informó a la paciente que debía cortar el hueso porque sus dientes eran "de titanio". Durante aproximadamente cuatro horas intentó realizar la extracción utilizando instrumentos odontológicos, sin éxito.

Más adelante decidió cambiar el procedimiento para extraer otra pieza dental. La paciente manifestó sentir un intenso dolor durante la cirugía, tras lo cual el imputado le indicó que aplicaría una anestesia general para continuar con la intervención.

Certificación médica confirma lesiones permanentes

Tras el procedimiento, la mujer continuó experimentando fuertes dolores e inflamación facial, por lo que buscó atención con otros especialistas, quienes determinaron que presentaba daños ocasionados por la intervención realizada.

Una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026 documenta que la paciente sufrió lesiones permanentes, entre ellas nervios atrofiados, edema facial moderado, dolor microfacial, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha y alveolitis ambulatoria.

Ministerio Público presenta pruebas del caso

Durante la investigación, el Ministerio Público recopiló diversas evidencias que, según sostiene, vinculan a ambos hermanos con los hechos. Entre ellas figura una certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública, que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequátur para ejercer la odontología en el país.

El expediente recibió una calificación jurídica provisional por presuntas violaciones a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal, además de varios artículos de la Ley General de Salud (42-01) y de la Ley 63-18, que regula el Colegio Dominicano de Odontólogos.

La orden de arresto fue autorizada por la jueza Adaías Sánchez Collado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, como parte de las diligencias desarrolladas por el órgano investigador.

Investigación continuará con audiencia de coerción

Con la presentación de la solicitud de prisión preventiva, el proceso entra en una nueva etapa judicial en la que un tribunal deberá valorar las pruebas reunidas por el Ministerio Público y decidir la medida de coerción que corresponderá a los imputados. El caso ha reavivado la atención sobre los riesgos del ejercicio ilegal de profesiones sanitarias y la importancia de verificar que los profesionales de la salud cuenten con las autorizaciones legales para prestar servicios a la población.