Fiscalía sostiene que el dispositivo forma parte de las pruebas del juicio por corrupción

El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declarar inadmisible la petición de devolución de un teléfono móvil que forma parte de las evidencias del proceso por presunta corrupción administrativa que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario Jochi Gómez y otros imputados. La decisión del tribunal fue aplazada para el próximo 23 de julio.

La solicitud fue presentada por Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los acusados enviados a juicio el pasado 5 de junio, quien reclama la devolución de un teléfono Samsung S3 incorporado como prueba en el expediente o, en su defecto, que el Estado sea condenado al pago de RD$7 millones como compensación.

Fiscalía defiende valor probatorio del dispositivo

Durante la audiencia, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, en representación del Ministerio Público, explicó que el aparato no puede ser devuelto porque constituye una evidencia esencial dentro de la acusación presentada contra los imputados.

El representante del órgano acusador indicó que el equipo fue sometido a análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como parte de las extracciones de información realizadas durante la investigación, por lo que mantiene valor probatorio para el desarrollo del juicio.

Según explicó, aunque el teléfono tiene un valor comercial aproximado de RD$3,000, su importancia radica en la información que contiene y su relación con los hechos investigados.

Tribunal decidirá el 23 de julio

La jueza Patricia Padilla dejó el incidente en estado de fallo y fijó para el 23 de julio la lectura de su decisión sobre la solicitud presentada por la defensa de Álvarez Carbuccia.

El incidente se produce mientras avanza el proceso judicial contra los principales implicados en el presunto entramado de corrupción relacionado con la contratación y operación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Acusación por presunta red de corrupción

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones irregulares a empresas que carecían de capacidad técnica, además de participar en maniobras relacionadas con la manipulación del sistema de semáforos y de videovigilancia.

Por su parte, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es señalado como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos suscritos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, así como de ejercer control sobre los sistemas tecnológicos vinculados a la red semafórica y de videovigilancia. El expediente también le atribuye actos de espionaje tecnológico y sabotaje a la infraestructura vial.

En cuanto a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, la acusación sostiene que emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria para facilitar las operaciones investigadas.

Juicio por múltiples delitos

El expediente también incluye acusaciones por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas. Asimismo, las personas jurídicas incluidas en el proceso son señaladas de haber servido como instrumentos para la ejecución de contratos presuntamente fraudulentos y el control de la red semafórica.

Con el fallo pendiente sobre la devolución del teléfono, el tribunal deberá determinar si el dispositivo continúa bajo custodia judicial como parte de las pruebas que serán utilizadas durante el juicio de fondo contra los imputados en uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor alcance en los últimos años.