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AMAPROSAN alerta impacto de Ley de Residuos en comercio mayorista

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Hilsa López Olivares presidenta de Amaprosan.

Gremio pide revisar tarifas por considerar que afectan la estabilidad del sector

La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) advirtió que las modificaciones aprobadas por el Senado a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos podrían traducirse en un aumento de los costos para el comercio mayorista y comprometer la sostenibilidad de un sector que considera clave para el abastecimiento nacional.

La organización manifestó su preocupación por la rapidez con que fue conocida la iniciativa, al entender que no estuvo precedida de un proceso amplio de consultas ni de un análisis técnico que permitiera evaluar el impacto de la nueva estructura tarifaria sobre las actividades productivas.

La presidenta de AMAPROSAN, Hilsa López Olivares, explicó que las empresas mayoristas operan con elevados volúmenes de facturación, pero con márgenes de rentabilidad muy reducidos. "En el mejor de los casos, estos no superan el 2 % de las ventas", afirmó.

Añadió que esa realidad coincide con un incremento de las cargas tributarias y regulatorias que, según dijo, han reducido la capacidad de inversión del sector. Entre ellas citó el aumento del impuesto corporativo, el gravamen a los débitos bancarios y otros costos operativos que, a su juicio, limitan el crecimiento empresarial y la creación de empleos.

En un comunicado, la entidad sostuvo que el comercio mayorista constituye el principal canal de abastecimiento y financiamiento del pequeño comercio dominicano. "Debilitar este sector es poner en riesgo la cadena de distribución que garantiza el abastecimiento de miles de familias dominicanas", expresó.

AMAPROSAN exhortó a la Cámara de Diputados y a los actores políticos a revisar la propuesta antes de su aprobación definitiva. El gremio planteó que las contribuciones ambientales deben calcularse conforme al volumen real de residuos y la huella ambiental de cada actividad económica, y no exclusivamente por el nivel de ingresos.

Finalmente, la asociación reiteró su disposición de participar en un diálogo técnico que permita construir una legislación ambiental equilibrada, capaz de armonizar la protección del medio ambiente con la competitividad y el desarrollo económico del país.

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