Juez bloquea en todo EE. UU. arrestos migratorios en tribunales

Fallo federal frena políticas de Trump sobre detenciones y condiciones de inmigrantes

Santo Domingo.- Un juez federal de California frenó este martes una de las prácticas más controvertidas de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump al ordenar la suspensión, en todo Estados Unidos, de los arrestos de inmigrantes dentro de tribunales especializados en inmigración y de otras medidas relacionadas con su detención.

La decisión representa un nuevo revés judicial para la Casa Blanca en materia migratoria y reabre el debate sobre los límites de las agencias federales para ejecutar políticas que afectan a miles de personas en proceso de regularización o defensa de su estatus migratorio.

El juez federal Casey Pitts, del Distrito Norte de California, concluyó que las medidas adoptadas por el Gobierno violan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al considerar que fueron implementadas sin una justificación adecuada por parte de las autoridades competentes.

En una resolución de más de 70 páginas, el magistrado sostuvo que tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) no ofrecieron explicaciones razonadas que sustentaran los cambios en sus procedimientos.

“Durante 80 años, el Congreso ha exigido que las agencias federales reflexionen antes de actuar”, recordó Pitts, quien enfatizó que la ley obliga a las instituciones públicas a fundamentar sus decisiones cuando afectan derechos o modifican prácticas establecidas.

La sentencia deja sin efecto la política que permitía a agentes federales arrestar a inmigrantes cuando acudían a sus audiencias ante jueces de inmigración. Organizaciones defensoras de derechos civiles habían denunciado durante años que esta práctica generaba temor entre los migrantes y desincentivaba su comparecencia ante los tribunales.

Asimismo, el juez invalidó la eliminación del límite de tiempo de detención que impedía al ICE mantener retenidas a las personas por más de doce horas sin determinadas garantías procesales. Según el fallo, las condiciones impuestas a muchos detenidos podían constituir un trato punitivo incompatible con las protecciones contempladas en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

La reacción del Gobierno no tardó en llegar. James Percival, asesor jurídico principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió las medidas anuladas y acusó al magistrado de incurrir en “activismo judicial” para favorecer una agenda de fronteras abiertas.

La resolución se suma a otras decisiones recientes emitidas por tribunales federales que han limitado la aplicación de políticas migratorias más restrictivas, reflejando la intensa batalla legal que continúa marcando el debate sobre inmigración en Estados Unidos.