PLD advierte riesgos para la libertad de expresión en RD

posición cuestiona Código Penal, Ley DNI y proyectos legislativos

SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes sobre lo que considera una serie de iniciativas legislativas y disposiciones legales que podrían representar riesgos para la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos a denunciar hechos de interés público.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, dirigentes de la organización opositora sostuvieron que algunas medidas impulsadas por el Gobierno y aprobadas en los últimos años por el Congreso Nacional presentan elementos que, a su juicio, podrían limitar el debate democrático y generar un ambiente de autocensura en la sociedad dominicana.

La posición fue expuesta por el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, acompañado por la también vicepresidenta Zoraima Cuello; el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz; así como Héctor Olivo y Joselito Feliz, vinculados a las estructuras de comunicación de la organización política.

El partido centró sus cuestionamientos en disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, así como en la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y en el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que recientemente perimió en el Senado.

Según el PLD, algunos artículos contemplan sanciones que podrían afectar no solo a periodistas y creadores de contenido digital, sino también a ciudadanos que realicen denuncias o difundan informaciones con fines de investigación y fiscalización pública.

La organización argumentó que estas disposiciones entrarían en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional, que ha eliminado la posibilidad de imponer penas de prisión por delitos relacionados con difamación e injuria.

En ese contexto, recordó las sentencias TC/0075/16 y TC/1148/25, mediante las cuales el alto tribunal fijó criterios orientados a proteger el ejercicio de la libertad de expresión y a impedir que la privación de libertad sea utilizada como mecanismo de restricción de ese derecho fundamental.

Uno de los aspectos que más preocupa al PLD es la incorporación de la figura de “ultraje a funcionarios” en varios artículos del nuevo Código Penal. A juicio de la organización, la amplitud de su redacción podría dar lugar a interpretaciones que limiten críticas, cuestionamientos o denuncias dirigidas contra servidores públicos.

No obstante, el partido reconoció que la protección del honor y la dignidad de los funcionarios constituye un objetivo legítimo dentro del Estado de derecho, aunque insistió en que esa protección debe coexistir con el derecho ciudadano a fiscalizar y cuestionar el ejercicio del poder.

Entre las propuestas presentadas, el PLD planteó que cualquier nueva discusión sobre la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea llevada previamente al Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, académicos, juristas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, solicitó la revisión de los artículos del nuevo Código Penal vinculados a delitos contra el honor y a la figura de ultraje a funcionarios, con el propósito de adecuarlos a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La organización también pidió revisar diversos aspectos de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, especialmente aquellos relacionados con los mecanismos de supervisión institucional, la protección de las fuentes periodísticas, el secreto profesional y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Con este pronunciamiento, el PLD se suma al debate que ha surgido en distintos sectores sobre el equilibrio entre seguridad, regulación estatal y protección de las libertades fundamentales en la República Dominicana.