Operación XL526: Imponen un año de prisión a cabecillas de red que estafaba en EE.UU.

Tribunal declara complejo el caso contra estructura criminal operaba desde Santiago

La justicia dominicana impuso un año de prisión preventiva a cinco presuntos cabecillas de una organización criminal que, según las investigaciones, operaba desde Santiago para estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos. La medida fue dictada tras la solicitud del Ministerio Público, que además logró que el proceso fuera declarado de tramitación compleja debido a la magnitud de la estructura y al número de imputados y víctimas involucradas.

La decisión fue adoptada por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, luego de evaluar las evidencias presentadas por los fiscales que investigan el caso surgido a raíz de la Operación XL526, ejecutada el pasado 2 de junio.

Los imputados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena deberán cumplir la medida de coerción mientras avanzan las investigaciones que los señalan como los principales responsables de la estructura criminal.

Medidas contra otros integrantes de la red

El tribunal también impuso garantía económica de 800 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país a Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario, identificados por las autoridades como integrantes de la organización.

La representación del Ministerio Público estuvo encabezada por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, junto a Joanna García, de la Dirección General de Persecución, así como los fiscales Elvin Ventura y Lía Collado, responsables de las áreas de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos.

Operativo incluyó 28 allanamientos

La investigación que dio origen a la Operación XL526 movilizó a 35 fiscales que ejecutaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata. Durante las intervenciones también fueron arrestadas varias personas con fines de investigación.

Las acciones fueron desarrolladas con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.

Así operaba la organización

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde desarrollaba un esquema sistemático de estafas, extorsiones y chantajes dirigidos principalmente a ciudadanos residentes en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas vinculadas a las operaciones fraudulentas de la red.

Los integrantes utilizaban su dominio del idioma inglés y diversas herramientas tecnológicas para captar personas mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, aplicaban un guion previamente diseñado para intimidar a las víctimas y exigirles dinero.

Según el expediente, los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el propósito de generar temor. Para reforzar las amenazas enviaban imágenes violentas y mensajes intimidatorios dirigidos a obtener pagos de sus objetivos.

Investigación incluye lavado de activos

Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos mediante las estafas eran canalizados a través de diversos mecanismos financieros para ocultar su origen ilícito. Entre los métodos utilizados figuran transferencias electrónicas, depósitos mediante remesadoras, plataformas de pago digital y el uso de criptomonedas como Bitcoin.

Las pruebas recopiladas por los investigadores incluyen evidencias testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los acusados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.

Con la declaratoria de complejidad del proceso, las autoridades dispondrán de un plazo más amplio para profundizar las investigaciones sobre una estructura que, según el expediente, operaba con alcance internacional y utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos y financieros para ejecutar y ocultar sus actividades ilícitas.