Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro a prisión e inhabilitación por ocho años
El Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a más de cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años tras hallarlo culpable de intentar influir en el proceso judicial contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Hijo de Jair Bolsonaro recibe más de cuatro años de cárcel por coacción
Brasil. El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción a la justicia, en una decisión que amplía las repercusiones judiciales derivadas del proceso por intento de golpe de Estado que mantiene al exmandatario brasileño cumpliendo una condena de 27 años de cárcel.
La sentencia, aprobada por unanimidad por los cuatro magistrados que integraron el tribunal, también impone al exdiputado una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años y una multa equivalente a 100 salarios mínimos. El fallo representa uno de los golpes judiciales más severos contra miembros del entorno político y familiar del exgobernante brasileño.
De acuerdo con la decisión judicial, Eduardo Bolsonaro cumplirá la pena bajo un régimen de semilibertad. Esta modalidad le permitirá salir del centro penitenciario durante el día para trabajar o estudiar, aunque deberá regresar cada noche para pernoctar.
Acusado de interferir en la investigación
La condena está relacionada con acciones que, según la Fiscalía y los magistrados del Supremo, buscaban obstaculizar el proceso judicial abierto contra Jair Bolsonaro por los hechos vinculados al presunto intento de ruptura del orden democrático en Brasil.
Los jueces consideraron probado que Eduardo Bolsonaro intentó presionar a integrantes del sistema judicial brasileño y promover medidas internacionales contra el país con el objetivo de influir en el desarrollo de la causa.
Entre los hechos analizados por el tribunal figuran gestiones realizadas desde Estados Unidos para impulsar sanciones contra Brasil, así como medidas que afectaran a miembros del Supremo Tribunal Federal involucrados en la investigación.
La acusación también vinculó sus actuaciones a iniciativas que incluyeron restricciones de visados para magistrados y sanciones económicas dirigidas contra el juez Alexandre de Moraes, relator del caso que investiga al expresidente.
El papel de Alexandre de Moraes
Durante las audiencias, el magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que las acciones atribuidas a Eduardo Bolsonaro excedían las funciones propias de un representante electo.
Según recoge la decisión judicial, el juez afirmó que la labor de un diputado no consiste en “hacer lobby contra su propio país”, al tiempo que señaló que varias declaraciones públicas del exlegislador constituyeron elementos relevantes para sustentar la condena.
El tribunal concluyó que esas manifestaciones reforzaban las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y evidenciaban una actuación orientada a beneficiar los intereses políticos y judiciales de su padre.
Destitución y pérdida de cargos
La condena llega después de una serie de reveses institucionales para Eduardo Bolsonaro. En diciembre de 2025 perdió su escaño en la Cámara de Diputados debido a ausencias consideradas injustificadas por las autoridades legislativas.
Asimismo, fue destituido de su cargo en la Policía Federal. Las autoridades argumentaron que permaneció fuera de Brasil durante un período prolongado tras trasladarse a Estados Unidos en febrero de 2025, donde desarrolló actividades en favor de la defensa política y judicial del expresidente.
Un nuevo capítulo en la crisis política brasileña
La decisión del Supremo se produce en medio de las consecuencias políticas y judiciales derivadas de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado que marcó uno de los episodios más tensos de la democracia brasileña reciente.
Con esta condena, la justicia brasileña amplía el alcance de las responsabilidades derivadas de ese proceso y envía una señal sobre la actuación de quienes, según los tribunales, intentaron interferir en el funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar los hechos.
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