Tribunal rechaza extinguir casos Coral y Coral 5G

Juezas descartan pedidos de la defensa por desvío de RD$4,500 millones: juicio entra en etapa clave

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó de manera unánime este lunes las solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por los abogados defensores en los casos Coral y Coral 5G. Con esta resolución judicial, de alto impacto para el interés público y el combate a la impunidad, las magistradas dispusieron la continuidad inmediata del juicio de fondo. 

La decisión mantiene en el banquillo de los acusados a un grupo de militares de alto rango y civiles imputados de integrar una supuesta red de corrupción administrativa que habría sustraído más de RD$4,500 millones de los fondos del Estado dominicano, despejando así el camino hacia la evaluación de las pruebas y el dictamen de una sentencia definitiva.

El fallo fue emitido por el tribunal compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes desestimaron los alegatos de la defensa técnica que pretendían el cierre definitivo del expediente. 

Al ratificar la vigencia del proceso, el Poder Judicial valida la acusación presentada por el Ministerio Público, que señala cómo la presunta estructura criminal operó mediante la extracción ilícita de recursos públicos asignados a dependencias estratégicas de seguridad y asistencia social.

Militares de alto rango y civiles continúan en el banquillo

La red delictiva desmantelada por las autoridades penales estuvo encabezada, según la pieza acusatoria oficial, por el mayor general Adán Cáceres Silvestre. El órgano persecutor sostiene que los fondos eran desviados de forma sistemática desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Junto a Cáceres Silvestre, permanecen como imputados principales en este juicio los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, el coronel Rafael Núñez de Aza, así como Rossy Guzmán Sánchez, identificada públicamente como "La Pastora".

El expediente también arrastra a Tanner Antonio Flete Guzmán, Alejando José Montero Cruz, José Manuel Rosario Pirón, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Las condenas y multas millonarias solicitadas por la Fiscalía

El litigio entra ahora en una fase determinante donde se ventilarán las solicitudes de penas impuestas por las autoridades fiscales. Para los cabecillas de la presunta red, los fiscales demandan penas severas de hasta 20 años de reclusión, acompañadas de indemnizaciones económicas que equivalen a 400 salarios mínimos. 

Con respecto a Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, la petición del órgano acusador se sitúa en 15 años de cárcel y el pago de multas por 300 salarios mínimos.

Por otro lado, la estrategia de persecución penal contempla una sanción atenuada de cinco años de prisión y una penalidad de 200 salarios mínimos para el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, debido a su colaboración activa con los investigadores del caso. 

En tanto, para los procesados Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, los fiscales requirieron penalizaciones económicas individuales ascendentes a los RD$500,000. Tras superar estos incidentes dilatorios, los próximos pasos del juicio se concentrarán en los debates sustantivos de las pruebas recolectadas.