Cuentas del COD bloqueadas: Embargo es calificado de ilegal por organismo

La medida cautelar afecta los fondos de nueve federaciones que no son parte del litigio

Un conflicto judicial que arrastra tres años de litigio provocó el bloqueo de las cuentas bancarias del Comité Olímpico Dominicano (COD) y de otras nueve federaciones nacionales que ni siquiera forman parte del pleito legal. La jefatura olímpica calificó la inmovilización de fondos como una medida ilegal y temeraria que atenta contra el presupuesto deportivo nacional, poniendo en riesgo el compromiso del país con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La crisis financiera se desató tras un dictamen de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que falló a favor de un grupo de disciplinas suspendidas en 2023 por faltas normativas, aunque el alto organismo deportivo asegura que la supuesta indemnización por daños aún no ha sido liquidada legalmente.

​Origen de la disputa y retorno de federaciones

​La pugna institucional comenzó en 2023, cuando el Comité Ejecutivo del COD suspendió la membresía de cinco organizaciones por violar las reglas del movimiento olímpico. Aunque la Federación Dominicana de Bádminton subsanó sus fallas de inmediato y regresó al organismo en 2024, las cuatro restantes recurrieron a los tribunales ordinarios.

​El panorama procesal dio un giro cuando la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional anuló las suspensiones el 3 de abril de 2025. Dicha sentencia fue confirmada en apelación el 30 de enero de 2026, ordenando además una reparación económica. Sin embargo, la dirección olímpica sostiene que esos daños no han sido cuantificados ante la secretaría del tribunal, por lo que no existe una deuda real, líquida ni exigible que justifique el embargo de los recursos públicos destinados al deporte.

​Un litigio que avanza sin clientes en los tribunales

​La situación interna de las entidades demandantes añade mayor complejidad al caso. Las disciplinas de esgrima y pentatlón moderno renovaron sus dirigencias mediante asambleas validadas por la Procuraduría General de la República y reconocidas por sus respectivas federaciones internacionales. Ambas administraciones firmaron desistimientos formales de las demandas.

​Pese a esto, el abogado de la parte demandante mantiene activas las acciones judiciales y los bloqueos financieros. El movimiento olímpico denunció públicamente que el jurista actúa sin mandato legal de las nuevas autoridades, configurando un escenario donde se litiga formalmente sin clientes reales, perjudicando de forma colateral a federaciones ajenas al proceso que ahora ven sus fondos congelados.

​Expulsiones internacionales definitivas

​El reglamento olímpico es estricto: la Carta Olímpica y el artículo 17 de los estatutos internos prohíben la permanencia de cualquier entidad que no cuente con el aval de su federación internacional. Esta normativa sepulta las aspiraciones de reintegración de las dos disciplinas restantes del grupo original.

​Por un lado, la Federación Mundial de Surf expulsó definitivamente a la Federación Dominicana de Surfing (FEDOSURF), imposibilitando su retorno al gremio local. Por el otro, la Federación Dominicana de Tiro de Precisión (FEDOTI) corre la misma suerte tras ser apartada por la Confederación Americana de Tiro. Adicionalmente, el expresidente de esta última, Manuel Figuereo Féliz, arrastra una suspensión de 20 años ratificada por una asamblea con el 85% de los votos, luego de ejecutar un bloqueo bancario similar previo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

​Impacto público y defensa institucional

​El impacto directo de esta parálisis financiera recae sobre los atletas de alta competición y la logística de los próximos eventos multidisciplinarios en el país. Al tratarse de recursos destinados al desarrollo deportivo y social, la inmovilización golpea directamente los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.

​Para centralizar la estrategia legal frente a lo que consideran un ataque a los intereses deportivos del país, las autoridades del organismo informaron que toda la documentación y las respuestas jurídicas subsiguientes estarán bajo la estricta dirección del Dr. José Alberto Ortiz Beltrán, consultor jurídico de la institución, quien buscará levantar la medida cautelar en el menor tiempo posible.