El último jefe de las FARC apoya a Cepeda pero arremete contra Petro

Timochenko pide votar al oficialismo pese al egocentrismo del gobierno

El ajedrez político colombiano de cara al balotaje presidencial suma un nuevo capítulo de tensiones internas en la izquierda. Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' y presidente de Comunes, el partido nacido tras el desarme de la guerrilla en 2016, ratificó mediante una carta abierta su apoyo incondicional a la candidatura oficialista de Iván Cepeda. 

El pronunciamiento ocurre en un escenario crítico, luego de que el Pacto Histórico admitiera la victoria en primera vuelta del aspirante derechista Abelardo de la Espriella, obligando a las fuerzas alternativas a cohesionar sus bases para la segunda vuelta.

Duras críticas a la gestión de Petro

Pese a llamar a la unidad en las urnas, Londoño no contuvo sus reproches hacia la actual administración. El exjefe guerrillero arremetió contra el presidente Gustavo Petro, tildando su mandato de "egocentrista e improvisado". 

Según el líder político, los firmantes de la paz han sufrido en carne propia las inconsistencias del Ejecutivo, acusándolo de fallar en la promesa de aplicar a rajatabla los puntos pactados en La Habana hace 10 años, afectando directamente la reincorporación de los excombatientes.

Entre los incumplimientos específicos, el documento denuncia que el Gobierno excluyó el capítulo de la paz del Plan Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, Londoño fustigó el rol de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegurando que somete a "humillaciones físicas y verbales" a los desmovilizados que requieren esquemas de seguridad individuales, incrementando los riesgos para un colectivo históricamente golpeado por la violencia rural.

Llamado urgente ante el avance derechista

A pesar de los roces con la Casa de Nariño, el jefe de Comunes instó a la plataforma Defendamos la Paz y a otros movimientos civiles a dejar de lado los cuestionamientos personales. 

Londoño enfatizó que la trayectoria civil de Iván Cepeda garantiza la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante la amenaza de retrocesos institucionales, concluyendo que el futuro de los acuerdos debe prevalecer por encima de cualquier mala decisión gubernamental.