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Crimen organizado ataca control cárceles

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Cristhian Jiménez. Periodista y comentarista.

Los intentos de control se han estrellado contra muros de poder.

Las cárceles dominicanas han operado como grandes empresas criminales en la que delincuentes y ciertas autoridades se asocian para repartirse millonarios beneficios económicos. Sicariato, tráfico de drogas, venta de favores sexuales, operación de centros de estafas telefónicas, trasiego ilegal de alcohol y armas, en fin, “de todo como en boticas”.

Los intentos de control se han estrellado contra muros de poder, con inescrutables vasos comunicantes en los que convergen militares, policías, políticos, funcionarios nacionales y locales de distintos niveles. Ocasionalmente hasta con servicios comunicaciones para campañas mediáticas.

La iniciativa de un nuevo modelo penitenciario, sueño de principios de siglo de Roberto Santana fue ensanchando sus tibios apoyos iniciales, pero encontró todos los escollos del mundo en una insufrible carrera de obstáculos, hasta el naufragio. La liquidaron desde ámbitos de poder con responsabilidad de gestionarla, corrompida deliberadamente.

Después de años de alejamiento, el quijote ha vuelto con renovados bríos, empoderamiento presidencial y el compromiso de que aparecerán los recursos para la construcción de nuevos centros, para eliminar los actuales antros del crimen. En el interín, un incendio en la llamada penitenciaria de La Victoria con resultado de 13 muertos.

Santana es oficialmente el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales y ha reasumido el nuevo modelo, con la urgente tarea del traslado gradual de los reclusos de La Victoria a Las Parras con el cuidado de la depuración y un proceso de adaptación que evite llevar los mismos vicios de aquel viejo recinto. Se ha completo el traslado de 2,200 internos, de un total superior a 5 mil.

Los controles en Las Parras han permitido detectar intentos de introducción de drogas, como el sábado último que una señora, aprovechando que llevaba su niña de 11 años a visitar a su padre, fue sorprendida con un paquete de marihuana. Otro sujeto, nos reveló Santana ayer, fue encontrado con un tubo en el trasero, lleno de la misma droga. Destinatarios protestaron y hubo un conato de motín, rápidamente controlado por el personal de seguridad.  

Santana dijo que enfrentan retos en el manejo de sujetos que consumían estupefacientes cotidianamente en La Victoria (tiene el apoyo de profesionales de la conducta) y denunció que el crimen organizado trata de generar desórdenes en diversos centros del país para sabotear controles.

Refirió las agresiones a tiros en los recintos de San Felipe, en Puerto Plata y en Rafey, Santiago, muriendo una persona en este último ataque, que iba dirigido a la subdirectora de tratamiento del centro.

Advirtió intentos de acciones desestabilizadoras en Najayo, donde una parte del penal, aún está fuera del nuevo esquema penitenciario.

En una ocasión, en los peores momentos de La Victoria, Santana denunció que solo el encargado de seguridad de la penitenciaria recibía ingresos semanales por 7 millones de pesos, producto de la corrupción dominante.

Santana ha excluido a 178 policías que prestaban servicios en diversos centros, como en La Vega, Villa Consuelo, en el Distrito Nacional (un centro para adolescentes), así como en la dirección central de prisiones.

Se quejó de familiares de reclusos que en vez de ayudar en la reeducación, les llevan drogas. Citó que una señora fue apresada cuando intentaba pasar marihuana a su hijo menor en un centro, donde operó La ciudad del niño.

El millonario negocio resiste los controles y es evidente que sus actores lucen dispuestos a enfrentar a las autoridades, que deberían encontrar el apoyo de los diversos sectores sociales. Un individuo reformado, reintegrado productivamente a la sociedad, es la mejor inversión en seguridad.

(Dos de las 3 adolescentes acusadas de asesinar a una menor haitiana intentaron escapar el fin de semana del centro de Villa Consuelo, reveló Santana).

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