Diez sometidos por red de estafas que operaba desde Santiago 

MP pide un año de prisión preventiva en Operación XL526 

Santiago de Lis Caballeros.- El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra diez personas señaladas como integrantes de una red criminal dedicada a estafas, extorsión y lavado de activos, desmantelada durante la Operación XL526, ejecutada esta semana en Santiago y Puerto Plata. 

La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago, junto al pedimento de que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud de la estructura, la cantidad de imputados y el número de víctimas, en su mayoría residentes en Estados Unidos. 

Según el expediente, la red operaba de forma organizada desde el municipio de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y dominio del idioma inglés para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Una vez establecido el contacto, iniciaban procesos de extorsión y chantaje siguiendo guiones previamente diseñados por los cabecillas. 

El Ministerio Público identificó como presuntos líderes de la estructura a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, para quienes solicitó prisión preventiva como medida de coerción. 

También fueron sometidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario, señalados como miembros activos de la organización. 

La instancia fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado, quienes argumentaron que el caso reúne todas las condiciones legales para ser declarado complejo, conforme al Código Procesal Penal Dominicano. 

Las autoridades explicaron que los imputados se hacían pasar por supuestos integrantes de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el llamado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las víctimas. Como parte del chantaje, enviaban imágenes de crímenes violentos y amenazas directas para exigir pagos en dinero. 

Los fondos obtenidos eran canalizados a través de transferencias electrónicas, remesadoras, plataformas de pago digital, transferencias espejo y criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad. 

Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado al menos 18 víctimas, aunque no descarta que la cifra aumente conforme avance la investigación. 

La Operación XL526 fue encabezada por 35 fiscales, quienes realizaron 28 allanamientos simultáneos, con el apoyo de la Dirección de Investigación de Crimen Organizado, el Deidet de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado. 

Las pruebas recopiladas —testimoniales, periciales y documentales— vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de armas de fuego y otros ilícitos graves. 

El tribunal deberá fijar en las próximas horas la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción.