Fiscales demandan acuerdo de Trump con TotalEnergies lesivo para Nueva York

Proyecto cancelado prometía empleos, desarrollo estatal y ahorro energético por 10,000 millones de dólares al Estado

Una nueva batalla legal enfrenta al estado de Nueva York con la administración del presidente Donald Trump. La fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una demanda conjunta junto a otros seis estados para impugnar la cancelación de una concesión de energía eólica marina que, según estimaciones oficiales, habría generado miles de millones de dólares en beneficios económicos y más de 1,700 empleos.

La acción judicial busca invalidar un acuerdo firmado en marzo de 2026 entre el Departamento del Interior de Estados Unidos y la empresa energética francesa TotalEnergies, mediante el cual el gobierno federal acordó pagar 795 millones de dólares a la compañía para abandonar proyectos eólicos marinos frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte.

A cambio, la empresa se comprometió a invertir cientos de millones de dólares en proyectos relacionados con petróleo y gas en Texas. además de abstenerse de desarrollar nuevos parques eólicos marinos en territorio estadounidense.

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Un proyecto clave para energía y empleo

El proyecto afectado estaba vinculado a la empresa Attentive Energy, filial de TotalEnergies, que en 2022 adquirió los derechos de explotación de una zona marítima ubicada a unos 75 kilómetros de la costa de Nueva York. La operación formó parte de la subasta de arrendamientos de energía marina más lucrativa realizada hasta entonces en Estados Unidos.

Según los planes iniciales, el proyecto Attentive Energy One debía suministrar electricidad limpia directamente a la ciudad de Nueva York y abastecer a más de 700,000 hogares. Los estudios económicos proyectaban beneficios cercanos a 25,600 millones de dólares durante sus 25 años de operación.

Las previsiones también contemplaban 10,000 millones de dólares en ahorro para los consumidores neoyorquinos en facturas energéticas y la creación de aproximadamente 1,716 empleos directos en diferentes sectores vinculados a la construcción, mantenimiento e infraestructura.

Para las autoridades estatales, la cancelación representa un golpe a los esfuerzos para ampliar la capacidad energética y responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica.

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Acusan uso indebido de fondos públicos

La coalición de fiscales generales sostiene que la administración federal actuó fuera de la ley al cancelar el arrendamiento sin cumplir los procedimientos establecidos por la legislación estadounidense.

Los demandantes argumentan que el Departamento del Interior justificó la medida alegando preocupaciones de seguridad nacional, pese a que el proyecto había sido evaluado y aprobado previamente tras años de estudios técnicos y consultas federales.

Además, cuestionan la utilización del denominado Fondo de Sentencias para reembolsar a TotalEnergies los 795 millones de dólares invertidos originalmente en la concesión. Según la demanda, ese mecanismo solo puede emplearse para resolver litigios reales o reclamaciones legales en curso, situación que no existía en este caso.

James calificó el acuerdo como un intento de destruir empleos y frenar el desarrollo de energía limpia, mientras Hochul denunció lo que definió como una utilización indebida de recursos públicos para favorecer inversiones en combustibles fósiles.

La demanda solicita a los tribunales federales anular el acuerdo, restablecer la concesión cancelada e impedir nuevas acciones destinadas a ejecutar lo que los estados consideran una decisión ilegal y perjudicial para la economía, el empleo y la transición energética del país.

A la iniciativa legal se sumaron los fiscales generales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont, consolidando un nuevo frente judicial contra las políticas energéticas impulsadas por la administración Trump.