Tras justicias favorecer a exministros, PLD reafirma la importancia del debido proceso

Giro judicial en caso Calamar favoreció Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta con  auto de no ha lugar 

El panorama judicial del denominado caso Calamar experimentó un cambio radical tras la última decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Durante la noche del viernes, el tribunal emitió un fallo definitivo que sacó de los banquillos de los acusados a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, dos exministros de la pasada gestión gubernamental. 

La magistrada encargada del tribunal determinó que no existían elementos suficientes para enviar a un juicio de fondo a los exfuncionarios, cerrando de esta manera una de las etapas preliminares más complejas del sistema de justicia penal reciente.

Reacción partidaria ante el fallo judicial

El dictamen provocó el pronunciamiento inmediato de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Su titular, José Dantés Díaz, quien además es miembro del Comité Político, afirmó que esta medida restituye principios fundamentales del derecho. 

El jurista resaltó que la decisión de la magistrada Ramírez valida de forma contundente tres garantías constitucionales esenciales: el debido proceso, el sagrado derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los ciudadanos sometidos a la acción de la justicia.

Críticas del PLD al linchamiento mediático

Desde la óptica de la organización política, el caso estuvo marcado por un fuerte sesgo comunicacional durante los últimos tres años. A través de sus plataformas oficiales, los voceros del partido recordaron que denunciaron en múltiples ocasiones el uso del aparato judicial como una herramienta de confrontación selectiva.

Los dirigentes señalaron que la estrategia oficialista buscaba destruir reputaciones públicas basándose en percepciones y campañas de descrédito, en lugar de sostener las acusaciones con pruebas definitivas ante los jueces correspondientes.

Finalmente, respecto a los demás imputados que sí fueron enviados a juicio de fondo, el partido morado aclaró que corresponderá de manera exclusiva a los tribunales determinar la culpabilidad o inocencia. 

Este veredicto final deberá emitirse siempre sobre la base de evidencias jurídicas tangibles y conforme al derecho, alejados de las presiones y condenas sociales anticipadas que han caracterizado el debate público.