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República Dominicana extradita a prófugo hacia Estados Unidos 

Las autoridades dominicanas entregaron en extradición a un criollo de 36 años requerido por la justicia estadounidense. El imputado, capturado en la provincia Sánchez Ramírez, enfrenta graves cargos federales por robo a mano armada y delitos conexos.

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El ciudadano dominicano enfrenta graves cargos federales en un tribunal de Pensilvania

El ciudadano dominicano enfrenta graves cargos federales en un tribunal de Pensilvania

La República Dominicana consolidó su estrategia de cooperación internacional en la captura de fugitivos de alta peligrosidad. En una operación coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se materializó la entrega del ciudadano Luichy Joel Sosa a los Estados Unidos. 

El imputado, de 36 años de edad, fue custodiado por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde abordó un vuelo comercial para enfrentar los cargos en su contra.

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Captura del prófugo tras orden judicial

El arresto del imputado se ejecutó en abril de este 2026, tras un minucioso operativo de localización en la provincia Sánchez Ramírez. Esta acción respondió de manera estricta a una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo refrendó la entrega definitiva del prófugo mediante la emisión del decreto presidencial número 312-26, cumpliendo con los protocolos legales establecidos entre ambas naciones socias en materia de persecución del crimen organizado.

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Acusaciones federales y porte de armas

El extraditado deberá responder ante un tribunal para el Distrito Este de Pensilvania. El expediente penal del sospechoso incluye violaciones severas a la ley federal de ese país norteamericano. 

Entre los principales cargos imputados destacan el robo bajo la estricta Ley Hobbs, complicidad activa, así como el uso, porte y posesión ilegal de múltiples armas de fuego. 

Las autoridades locales informaron que con este caso reafirman su política institucional de cero tolerancia frente a delincuentes que pretenden evadir condenas internacionales refugiándose en el territorio nacional.

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