Abogado sostiene PGR actuó para afectar al PLD
El abogado constitucionalista Julio Cury afirmó que la Procuraduría General concentró sus acciones anticorrupción en exfuncionarios peledeístas para afectar políticamente al PLD. La defensa de José Ramón Peralta cuestionó la legalidad de 1,691 documentos y denunció irregularidades, pruebas irrelevantes y estrategias mediáticas en el denominado caso Calamar.
Julio Cury en defensa de José Ramón Peralta cuestiona validez de 1,691 documentos presentados judicialmente
El abogado constitucionalista Julio Cury aseguró que la Procuraduría General de la República habría concentrado su denominada lucha contra la corrupción en antiguos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el propósito de “inhabilitar moralmente” a esa organización política frente al electorado.
Las declaraciones fueron emitidas en defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien enfrenta un proceso judicial dentro del denominado caso Calamar. Según Cury, el expediente presentado por el Ministerio Público refleja una estrategia orientada más a producir impacto político y mediático que a sostener acusaciones con pruebas contundentes.
Cuestionan volumen de documentos judiciales
Durante la audiencia preliminar celebrada el 29 de enero de 2026 en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la defensa sostuvo que el órgano acusador afirmó poseer más de 2,000 pruebas, aunque en el expediente solo figuran 1,691 documentos. De ese total, únicamente 134 documentos estarían vinculados directamente a Peralta.
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La defensa argumentó que la cantidad de documentos no garantiza automáticamente valor probatorio. Señaló que muchas piezas carecen de pertinencia, legalidad o conexión directa con los hechos imputados. Además, denunciaron la existencia de documentos en inglés sin traducción oficial al español, entre ellos las pruebas numeradas 1333, 1334, 1337, 1387, 1388 y 1394.
También indicaron que fueron incorporados documentos relacionados con empresas y actividades comerciales que, según afirman, no guardan relación alguna con el exfuncionario. Entre ellos mencionaron las pruebas 1321, 1322 y 1324.
La defensa insistió en que el expediente contiene documentos fechados entre 2007 y 2013, años anteriores a los hechos investigados actualmente. Según los abogados, estas piezas buscan crear una percepción de abundancia probatoria ante la opinión pública y el tribunal.
Defensa denuncia presión mediática constante
Los representantes legales de Peralta afirmaron que el Ministerio Público habría utilizado una estrategia comunicacional para generar “condenas sociales anticipadas” antes de que existan pruebas concluyentes sobre la presunta comisión de delitos.
En la audiencia también se recordó el precedente del caso Antipulpo, donde 13 personas fueron enviadas a juicio y posteriormente descargadas por insuficiencia probatoria cinco años después.
La defensa cuestionó además la credibilidad de dos supuestos testigos utilizados por el órgano acusador, alegando que uno habría usado los mismos hechos en distintos procesos y otro corresponde a una persona condenada judicialmente.
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El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni fue citado durante la audiencia con la frase: “En el proceso penal lo más peligroso no siempre es el delito, sino creer que cualquier prueba basta”.
Mientras tanto, la jueza Altagracia Ramírez deberá emitir este viernes su decisión sobre el proceso preliminar. La defensa reiteró que el debate debe centrarse exclusivamente en criterios jurídicos y probatorios, alejados de presiones políticas o mediáticas.
El abogado Julio Cury sostuvo finalmente que el Ministerio Público investigó desde 2021 la vida económica, familiar y social de Peralta sin encontrar evidencias incriminatorias concluyentes, lo que, a su juicio, evidencia debilidades dentro del expediente acusatorio.
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