El Senado abre la puerta al uso sin límites del Ejército ante la crisis.

Bolivia se asoma al abismo tras tres semanas de parálisis absoluta. Lo que debía ser un operativo de desbloqueo prioritario terminó en un repliegue caótico cuando manifestantes cercaron con dinamita y piedras al convoy oficial liderado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. La violencia en los accesos a La Paz ha escalado a tal punto que el Senado, reunido de urgencia en Sucre, ya aprobó derogar las leyes que limitaban el uso del Ejército en las calles. Con esto, el país queda a un paso del estado de sitio generalizado.

El intento del Gobierno por romper el cerco que asfixia a La Paz y El Alto fracasó de forma estrepitosa. La caravana civil-militar, que pretendía avanzar hacia la carretera a Oruro custodiando camiones cisterna y maquinaria pesada, apenas logró recorrer 37 kilómetros antes de ser emboscada en el peaje de Vilaque Copata.

"He sentido mi vida en riesgo; nos atacaron con dinamita de lado y lado", confesó un Zamora visiblemente afectado tras ordenar la retirada.

Una doble emboscada y rehenes en vivo

El repliegue no evitó un segundo choque. Al intentar regresar a la capital, las fuerzas de seguridad y el propio ministro volvieron a quedar atrapados en una población vecina, donde la policía tuvo que disparar gases lacrimógenos de forma indiscriminada para abrir una vía de escape.

La jornada del sábado dejó un saldo de oficinas públicas calcinadas, vehículos oficiales destruidos y escenas de extrema tensión. En el cruce Layuri, manifestantes interceptaron un vehículo del Ministerio de Gobierno, obligando a bajar a los periodistas que cubrían el operativo antes de prenderle fuego al automóvil.

La crisis rozó la tragedia con la captura de Juan Pablo Mamani, miembro del Batallón de Seguridad Física. El uniformado apareció en videos difundidos en redes sociales, de rodillas y bajo amenaza de ser quemado vivo si el Ejecutivo no liberaba a los manifestantes detenidos.

Aunque Mamani fue rescatado horas después por las fuerzas de seguridad, el episodio evidencia la pérdida de control territorial en los bastiones de la protesta.

El factor político: ¿Hacia el estado de sitio?

Detrás de las barricadas hay una alianza dura de agricultores, sindicatos y sectores leales al expresidente Evo Morales. ¿Su exigencia? La renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de incapacidad absoluta para frenar la crisis económica tras solo seis meses de gestión.

Ante la imposibilidad de recuperar las carreteras por la fuerza policial, la Cámara de Senadores movió ficha de manera drástica. Por mayoría absoluta, el pleno aprobó derogar la Ley de Estado de Excepción de 2020.

En la práctica, si la Cámara de Diputados ratifica esta medida, el presidente Paz tendrá vía libre para militarizar el país y dictar un estado de sitio sin los contrapesos ni las limitaciones temporales que exigía la legislación vigente.

Mientras el Comité pro Santa Cruz presiona para que se aplique de inmediato esta mano dura en las regiones bloqueadas, los sindicatos advierten que la entrada formal del Ejército a las calles solo funcionará como gasolina para el fuego.

Un llamado desesperado a la cordura

Con los hospitales desabastecidos y los precios de los alimentos disparados en La Paz, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto emitieron un duro comunicado conjunto exigiendo un alto el fuego inmediato.

Las instituciones lamentaron profundamente que el diálogo político siga congelado y exigieron una investigación independiente sobre los heridos y la existencia de un fallecido en los choques del sábado.

La prioridad absoluta, recuerdan, es frenar una sangría que amenaza con salirse de control. Sin embargo, en las carreteras bolivianas, la tregua parece hoy una opción lejana.