Jueces desmienten a Luis Henry Molina: "Nos enteramos por la prensa de su llamado al diálogo"

Los magistrados denuncian amenazas administrativas y un plan para forzar la renuncia de jueces.

La tensión dentro del Poder Judicial dominicano escaló a un nuevo nivel. El colectivo de jueces que mantiene un reclamo por mejoras laborales aclaró que nunca recibió una convocatoria formal o directa al diálogo por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

Según denunciaron los magistrados, la supuesta invitación para frenar el paro de labores fue difundida de manera estratégica en los medios de comunicación antes de ser notificada oficialmente a los afectados.

Durante una entrevista en el programa televisivo Habla País, los magistrados Yokaurys Morales Castillo (presidenta de la Red Nacional de Jueces), Miguel Encarnación (Pedernales) y Joan Rodríguez (Santo Domingo) revelaron que este conflicto no es nuevo.

Desde el año 2020, el colectivo ha intentado sentarse a la mesa de negociaciones en al menos 18 ocasiones, recibiendo siempre el silencio como respuesta por parte de la administración del sistema judicial.

Intimidación y mordaza en los tribunales

Más allá de la falta de comunicación, los togados denunciaron un ambiente de hostilidad e intimidación institucional previo al paro de labores del pasado jueves 21 de mayo. De acuerdo con el juez Joan Rodríguez, las autoridades administrativas recurrieron a amenazas directas relacionadas con la estabilidad laboral de los servidores del sistema para evitar que se sumaran a la protesta.

“Previo al proceso huelgario llamaron y dijeron: 'Mira, si vas a la huelga o si firmas, no te fijamos’”, reveló Rodríguez, haciendo alusión a las advertencias sobre la no renovación de contratos.

Incluso, los magistrados señalaron que se les llegó a prohibir el uso del color negro institucional como forma de protesta. Por su parte, Morales Castillo fue más allá y denunció que existe una presunta estrategia interna orientada a asfixiar al personal para forzar su salida del sistema. "Hay una política de que los jueces y servidores se vayan para no llenar las vacantes… es una estrategia violenta y silente de provocar un éxodo rotundo en el Poder Judicial", afirmó.

Un sistema al borde del colapso técnico y estructural

Los jueces aclararon que, si bien el pliego de demandas incluye ajustes salariales paralizados —violando el escalafón legal—, la prioridad absoluta es el rescate operativo de los tribunales. El déficit de personal actual es crítico: hacen falta al menos 500 jueces, 75 abogados ayudantes y 300 servidores judiciales en todo el país.

Esta escasez se traduce en una sobrecarga laboral insostenible. El magistrado Miguel Encarnación, quien ejerce en la provincia fronteriza de Pedernales, describió la rutina de parches administrativos a la que son sometidos, teniendo que suplir hasta a cinco compañeros a la vez sin recibir remuneración extra.

“En ocasiones he tenido que conocer procesos el martes en Pedernales, el miércoles en Barahona, el jueves en Pedernales y el viernes volver a suplir en Barahona”, detalló.

A la carga de expedientes se suma el deterioro físico de los espacios de trabajo. El colectivo denunció que muchas de las edificaciones del Poder Judicial operan en condiciones insalubres, carecen de baños adecuados y presentan fallas estructurales tan graves que hacen temer por un colapso físico de las plantas.
Hasta el momento, la gestión de Luis Henry Molina ha optado por mantener silencio ante estas declaraciones.