Condenas y millonaria indemnización por fraude inmobiliario

El Segundo Tribunal Colegiado castiga el despojo ilícito de terrenos costeros en Baní

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó un fallo histórico en materia de seguridad jurídica corporativa. Tres personas fueron declaradas culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos tras demostrarse su participación en la adquisición fraudulenta de la empresa Costa Dorada S.A. 

La entidad posee un valioso patrimonio inmobiliario que supera los 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros, ubicados específicamente en el sector de Sabana Buey, provincia Peravia.

El veredicto fue emitido de manera unánime por un tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, junto a las juezas Yissel Soto Peña y Clara Sobeida Castillo. La justicia dominicana validó las pruebas que demostraban cómo se alteró la composición societaria histórica de la entidad.

Las víctimas del esquema delictivo fueron las compañías Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., S.R.L.; Grand Cays Corporation; y Okra Company LTD.

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Sanciones penales y compensaciones económicas impuestas

La sentencia establece castigos severos con penas de reclusión diferenciadas. El principal implicado, Rafael Olegario Helena Regalado, recibió una condena de seis años de prisión. Por su parte, la procesada Ailec Paloma Soto Garabito fue sentenciada a cuatro años, mientras que Judith Franchesca Aguasvivas Báez deberá cumplir una pena de tres años de reclusión.

En el ámbito de la responsabilidad civil, los tres imputados y la entidad jurídica Global Multi Business Corporation fueron condenados de forma solidaria. Deberán pagar la suma de 100 millones de pesos en beneficio de las familias Mayol y Serrano para compensar los daños materiales sufridos. 

Las sentencias privativas de libertad se sustentaron en la contundencia de tres experticias caligráficas oficiales del INACIF, las cuales confirmaron la alteración radical de los registros de la empresa constituida originalmente en el año 1976.

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Cronología del extenso y complejo litigio

El proceso en los tribunales se extendió por más de una década. Las acciones legales iniciaron formalmente en el año 2013, cuando los verdaderos propietarios comerciales descubrieron en la Cámara de Comercio que su esquema corporativo había sido transformado ilegalmente a una S.R.L. por personas totalmente desconocidas. 

El juicio final abarcó la celebración de 54 audiencias marcadas por constantes tácticas dilatorias e irrespetos que incluyeron el arresto temporal de Helena Regalado en plena sala de audiencias.

La investigación penal destapó maniobras extremas que involucraron la simulación de transferencias de acciones utilizando la firma de un ciudadano fallecido en el año 2010, identificado como Luis Américo Minervino. 

Tras agotarse todas las incidencias y garantizar el debido proceso, el tribunal fijó la lectura íntegra de este fallo para el próximo 10 de junio a las 9:00 de la mañana, cerrando un capítulo clave en la lucha contra los fraudes de títulos en el país.