Justicia emite fallos sobre casos que involucra a agentes policiales

Dos tribunales imponen sanciones a imputados por muertes que colocan a agentes en extremos opuestos del espectro delictivo

La actividad judicial en la República Dominicana registró importantes avances mediante la emisión de sendas disposiciones dictadas por diferentes tribunales, colocando a agentes del orden en extremos opuestos del espectro delictivo. El aparato judicial procesó tanto a un miembro activo de la uniformada implicado en un homicidio accidental como al responsable del asesinato a sangre fría de un alistado de la institución.

En la primera vertiente de las acciones legales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó un conjunto de medidas coercitivas contra el cabo de la Policía Nacional Elpidio Antonio Acosta. Al agente se le procesa por provocar de manera involuntaria la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco. 

El magistrado Rigoberto Sena rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la procuradora fiscal Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos, y en su lugar dispuso una garantía económica de RD$400,000 bajo modalidad de contrato. 

Asimismo, el dictamen judicial incluye la obligación de someterse a una presentación periódica ante las autoridades ministeriales y la imposición formal de un impedimento de salida del territorio dominicano.

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Pruebas científicas sustentan la imputación

La solicitud técnica del Ministerio Público relata detalladamente los eventos que ocurrieron la noche del pasado 10 de mayo. La víctima compartía socialmente junto a su entorno familiar en una vivienda del sector La Ciénaga, justamente en el preciso instante en que una patrulla de la unidad táctica denominada Topo cruzaba por el lugar.

La unidad estaba conformada por el cabo imputado Acosta junto a otros tres miembros policiales: el cabo Smerlin Antonio Alcántara Familia, el sargento mayor Brayan Rafael Jerez Hernández y el sargento Juan Lorenzo Rodríguez, quienes desempeñaban tareas operativas buscando a un prófugo.

Al transitar frente a la residencia, se escucharon dos detonaciones provenientes del interior del automóvil oficial. Las experticias de la Dirección de Área Policía Científica y el Informe No. BF-SC-2026-0142 balístico del Inacif arrojaron positivo a residuos de pólvora en el arma asignada al imputado, certificando que el proyectil extraído del cadáver coincidía plenamente con los disparos de referencia de la pistola Taurus de reglamento. El expediente sustenta la imputación provisional del artículo 319 del Código Penal Dominicano.

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Severa condena por asesinato de raso

Paralelamente, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste aplicó una condena penal de 15 años de prisión contra el nombrado Geraldo Montero Montero.

Los jueces Julio César de los Santos, Leonarda Quezada y Clara Rivera dictaminaron la culpabilidad del procesado por quitarle la vida al raso activo Samuel Quezada Montero, en un violento suceso que aconteció el año pasado dentro del sector El Café, ubicado en Herrera.

Los fiscales Brenda Reyes y Nicasio Pulinario probaron técnicamente que el sentenciado desarmó al uniformado tras una trifulca vecinal originada por un disparo al aire. 

El imputado persiguió al raso y le propinó cuatro impactos de bala directamente por la espalda utilizando la misma arma asignada a la víctima, una pistola calibre 9mm. 

El sentenciado purgará la pena privativa de libertad en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad La Victoria por quebrantar los artículos 295 y 304 de la normativa legal ordinaria y la Ley 631-16 de control de armas.