Extinción de caso Donald Guerrero es inevitable, afirma la defensa

El abogado Eduardo Núñez asegura que el expediente superó el plazo máximo y advierte demandas al Estado

El proceso judicial contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha entrado en una fase de cuenta regresiva que, a juicio de su defensa técnica, solo tiene una salida legal posible: el archivo definitivo. El abogado Eduardo Núñez sostuvo que la extinción de la acción penal en este caso constituye una consecuencia jurídica inevitable, debido a que el expediente superó con creces el plazo máximo de cuatro años establecido por la normativa procesal penal dominicana.

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Durante su participación en el programa televisivo Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, el jurista recordó que las primeras indagatorias en torno a este entramado comenzaron en el año 2020. Al cumplirse ya seis años desde aquellos inicios, Núñez enfatizó que los tiempos fatales de la ley han caducado, independientemente de la complejidad que las autoridades atribuyan al expediente.

Frente a los señalamientos de que los imputados suelen torpedear los calendarios judiciales, el profesional del derecho aclaró de forma enérgica que su representado mantuvo siempre una conducta de plena colaboración.

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"En estos seis años no hay un solo día que se pueda acreditar con dilación de Donald Guerrero o su defensa", afirmó el jurista. Como prueba de esta buena conducta procesal, argumentó que el propio Ministerio Público llegó a autorizar 19 permisos de salida del país al exfuncionario, lo que echa por tierra cualquier argumento sobre un eventual peligro de fuga.

Por otra parte, Núñez cuestionó con dureza el fondo de la acusación económica, especialmente la narrativa del supuesto fraude por RD$ 21,000 millones. Respecto a este punto, reveló que la actual administración ha certificado que dichos fondos se encuentran depositados en el Banco de Reservas, lo que desbanca, según sus palabras, la tesis de una supuesta malversación y evidencia que se construyó un juicio mediático para desacreditar al exministro de manera anticipada.

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El abogado también aprovechó el espacio para denunciar las trabas que enfrentaron durante la etapa de investigación. Aseguró que la defensa estuvo en franca desventaja debido a las limitaciones impuestas por los fiscales para acceder a las pruebas del expediente, ignorando incluso varias órdenes judiciales que mandaban a entregar los documentos.

A modo de advertencia final, el togado señaló que el Estado dominicano podría enfrentar graves consecuencias económicas si la acción penal se declara extinguida. Según explicó, la prolongación desmedida del caso, las restricciones de libertad y el severo impacto reputacional sufrido por los encartados durante más de un sexenio abren las puertas a demandas civiles por responsabilidad patrimonial y violación a derechos fundamentales.