Rep. Dominicana entra en el diseño de política energética al 2050

El Gobierno junto a la ONU y Cepal definen la ruta estratégica sectorial

República Dominicana ha iniciado la fase técnica para la formulación de su Política Energética Nacional 2050, un proyecto de largo plazo que busca transformar la matriz de generación y garantizar la seguridad del suministro. 

Bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y con el respaldo técnico de la Cepal y la Fundación Bariloche, el país busca capitalizar el crecimiento sostenido registrado en las últimas dos décadas.

El diseño de esta política se fundamenta en la diversificación de fuentes y el fortalecimiento de la infraestructura para alcanzar la independencia energética. 

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Ejes de la transición hacia renovables

Durante un taller de capacitación de dos días, expertos analizaron los diagnósticos preliminares y los desafíos estructurales. Según la viceministra Betty Soto, el enfoque principal reside en el acceso universal a la energía y la adopción masiva de tecnologías limpias.

La representante de la ONU, Julia Sánchez, resaltó que el país goza de una estabilidad que lo posiciona como referente regional. Para apoyar esta meta, existe un marco de cooperación de cinco años acordado entre el Gobierno y las Naciones Unidas, destinado a impulsar un desarrollo resiliente, sostenible e inclusivo que permita cerrar las brechas de competitividad.

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Metodología y prospectiva del sistema eléctrico

El proceso de planificación utiliza la metodología de marco lógico para definir objetivos concretos. Las mesas de trabajo, integradas por instituciones como el Consejo Nacional para el Cambio Climático y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), evalúan escenarios de demanda futura y la capacidad de las redes para integrar fuentes variables.

Mariana Gil, de la Cepal, enfatizó que esta transición es una oportunidad para fortalecer las capacidades productivas y generar empleos verdes. El plan al 2050 no solo contempla el cambio de la matriz, sino una reestructuración de los instrumentos de política pública para mitigar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional en los próximos 24 años.