Prisión preventiva a fiscal por recibir supuesto soborno

Acusado de recibir US$10,000 en entrega vigilada autorizada

SANTO DOMINGO. Un fiscal del Ministerio Público irá a prisión preventiva por tres meses, acusado de recibir US$10,000 de un fiscal bajo investigación, en una operación controlada que terminó con su arresto en flagrancia.

La decisión la tomó la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de evaluar las evidencias presentadas por el órgano acusador. El imputado, fiscal Aurelio Valdez Alcántara, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El tribunal validó la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, junto al director de Persecución, Wilson Camacho, y el fiscal Andrés Mena. La instancia había sido depositada a finales de marzo.

Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, la defensa intentó anular el proceso alegando irregularidades. Sin embargo, la jueza rechazó los incidentes y sostuvo que la actuación del Ministerio Público se ajustó a la ley.

Muñiz explicó que, una vez se concreta la entrega del dinero, se configura una situación de flagrancia que habilita a las autoridades a intervenir sin necesidad de orden judicial adicional. “Contrario a lo alegado por la defensa, no era necesario un mandato de arresto”, puntualizó.

En su argumentación, la magistrada destacó que la entrega vigilada es una técnica especial de investigación contemplada en la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Subrayó que en este caso existía autorización judicial previa, elemento clave para la validez del procedimiento.

Además, indicó que el soborno figura como delito precedente dentro del marco legal aplicable, lo que refuerza la calificación provisional otorgada por el Ministerio Público. También dejó claro que no hubo provocación inducida para consumar el hecho, uno de los puntos cuestionados por la defensa.

Sobre el allanamiento, la jueza estableció que se realizó conforme a la autorización emitida y en el domicilio del propio imputado, lo que fue admitido por su equipo legal.

En cuanto al riesgo de fuga, Muñiz sostuvo que no basta con acreditar arraigo familiar o laboral. Señaló que deben ponderarse factores como la gravedad del delito, el daño causado, la posible pena y la conducta del imputado frente al proceso, todos elementos que, a su juicio, justifican la prisión preventiva.

El Ministerio Público había solicitado inicialmente un año de prisión, pero el tribunal fijó la medida en tres meses. La revisión fue programada para el 29 de junio de 2026.

El caso
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a la persona investigada, monto que luego redujo a US$150,000 tras negociaciones. En ese contexto, también manifestó interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.

La investigación está bajo la dirección directa de la Procuraduría General de la República, que ha calificado el caso como “grave” y reiteró su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción dentro de la institución.