Tras protesta, Abinader detiene proyecto Romero en San Juan

Gobierno frena minería por rechazo social en San Juan

SANTO DOMINGO. — La presión social terminó pesando más que cualquier estudio técnico. El presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, tras reconocer que el rechazo de la población lo vuelve inviable.

En un mensaje dirigido al país este lunes, el mandatario fue directo: su decisión responde a la obligación de escuchar a la gente. “Cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, dijo, dejando claro que la falta de aceptación social cerró el camino al proyecto.

La medida se apoya en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según explicó el propio Abinader, esa normativa —junto a sus reglamentos— establece que iniciativas de alto impacto no pueden avanzar sin el respaldo de las comunidades involucradas. En este caso, el rechazo en San Juan fue determinante.

Ahora bien, el Gobierno también quiso poner contexto. El proyecto Romero no nació en la actual gestión. Su historial se remonta a 2005, durante el gobierno de Leonel Fernández, cuando se otorgaron las primeras concesiones de exploración, luego reiteradas en 2010. Más adelante, entre 2015 y 2018, ya gobernaba Danilo Medina, se renovaron permisos y se autorizaron estudios técnicos que definieron su alcance.

En ese sentido, Abinader subrayó que, durante su administración, la iniciativa no pasó de una fase de evaluación ambiental. Es decir, nunca contó con autorización para explotación comercial, un punto que el Gobierno considera clave para aclarar responsabilidades.

La decisión, sin embargo, tiene un trasfondo político y social más amplio. San Juan se había convertido en un foco de protestas y movilizaciones en contra de la minería, con sectores comunitarios, religiosos y productivos alineados en defensa del territorio. Ese clima, según admiten fuentes oficiales, hacía cada vez más difícil sostener el proyecto.

Con este paso, el Ejecutivo busca enviar una señal: no habrá avances en proyectos de alto impacto sin consenso social. A la vez, intenta bajar tensiones en una provincia donde el tema había escalado con fuerza en las últimas semanas.

Al cerrar su intervención, el presidente reiteró su compromiso con el país. Insistió en que las decisiones del Gobierno seguirán guiándose por el bienestar colectivo, incluso cuando impliquen frenar iniciativas de inversión.