Juez ratifica prisión preventiva contra exdirector de SeNaSa y compartes

Santiago Hazim y otros seis coimputados permanecerán en prisión por orden judicial

En una audiencia celebrada este jueves en el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional, la justicia dominicana decidió mantener tras las rejas al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim y otros seis coimputados. 

Tras agotar el proceso de revisión obligatoria, el juez Deivy Timoteo Peguero determinó que no existen elementos suficientes para variar la situación procesal de los encartados.

Para sustentar esta decisión, el magistrado aplicó el test de proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC722/24. 

Bajo este criterio, el tribunal concluyó que la prisión preventiva continúa siendo una medida idónea, necesaria y proporcional de cara a los presupuestos presentados originalmente. 

Esta decisión garantiza que el proceso judicial siga su curso con los imputados bajo custodia del sistema penitenciario.

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Fundamentos legales de la medida coercitiva

La revisión de este caso se ampara en el artículo 239 del Código Procesal Penal (CPP), el cual establece que la prisión preventiva debe ser examinada de forma obligatoria cada tres meses.

El citado mecanismo funciona como una salvaguarda para prevenir extensiones arbitrarias de la privación de libertad. No obstante, el juez Peguero consideró que las circunstancias que motivaron la imposición inicial de la medida no han variado significativamente.

Junto a Santiago Hazim, el tribunal confirmó la permanencia en prisión de los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos ellos enfrentan acusaciones que los mantienen vinculados al proceso judicial en curso.

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Próxima etapa en el calendario judicial

Pese a que las medidas de coerción son, por naturaleza, provisionales, el juez ratificó que en este punto del procedimiento la reclusión es la vía para asegurar la presencia de los implicados. 

De acuerdo con el dictamen, la próxima revisión obligatoria quedó fijada para el 30 de julio de 2026. Hasta esa fecha, el Ministerio Público continuará fortaleciendo el expediente en torno a las supuestas irregularidades en la gestión del seguro estatal de salud.