MP asegura tiene pruebas contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes

Dice que las pruebas documentales y digitales fortalecen caso contra los acusados

El Ministerio Público de la República Dominicana aseguró que los implicados en el caso de presunta corrupción administrativa, encabezados por Hugo Beras y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, serán enviados a juicio debido a la solidez de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar.

La procuradora de corte, Mirna Ortiz, sostuvo que los fiscales lograron demostrar “todas y cada una” de las imputaciones formuladas contra los acusados. Durante su intervención, enfatizó que las evidencias incluyen mensajes de WhatsApp, documentos y registros que evidencian irregularidades en procesos de licitación pública.

Ortiz explicó que, según la investigación, la adjudicación de contratos habría sido acordada previamente, antes de la formalización de los procesos, lo que configura un esquema de fraude en contrataciones públicas. 

Además, indicó que las defensas no lograron refutar estas pruebas clave y optaron por planteamientos sin sustento jurídico.

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El expediente del Ministerio Público describe una red que operaba mediante empresas vinculadas entre sí, como Aurix S.A.S., Transcore Latam S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L., las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos.

Según las autoridades, el eje central de esta estructura es Gómez Canaán, quien habría mantenido control sobre múltiples entidades involucradas en el esquema. Las investigaciones también revelan posibles delitos como estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas y falsificación.

En el proceso también figuran varios exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), incluyendo directores y encargados de áreas clave, lo que, según el Ministerio Público, evidencia la amplitud de la presunta red de corrupción.

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La audiencia preliminar se desarrolla en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano acusador solicitó formalmente la apertura a juicio contra todos los imputados. La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo.

El Ministerio Público insiste en que el conjunto de pruebas presentadas demuestra un patrón sistemático de violaciones a la ley, que compromete recursos estratégicos del Estado y vulnera principios fundamentales de transparencia y legalidad administrativa.