Tabar explica regularización de bancas y las claves del decreto 197-26

Administrador de la Lotería Nacional explica el alcance del proceso y los errores acumulados

La regularización de las bancas de lotería y los juegos de azar vuelve al centro del debate público. Esta vez, con el respaldo directo del Decreto núm. 197-26, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, decidió explicar sin rodeos cómo se llegó hasta aquí y qué persigue realmente el Gobierno con esta nueva reactivación del proceso.

Tabar parte de un punto clave: el acompañamiento institucional. Señala que el proceso no camina solo ni responde a improvisaciones, sino que cuenta con un Consejo Consultivo integrado por figuras de reconocido prestigio nacional.

Entre ellos hay dos obispos, ex contralores de la República, premios nacionales de literatura y profesionales de áreas como la medicina, la sociología y la economía. Personas que, en un momento complejo, aceptaron involucrarse cuando muchos habrían optado por mantenerse al margen.

Según explica, el presidente Luis Abinader decidió retomar un proceso iniciado en 2022 porque entendió que el desorden histórico en el sector de juegos de azar no podía seguir postergándose.

“Los presidentes tienen que atender múltiples prioridades al mismo tiempo”, afirma Tabar, recordando que la gestión pública obliga a delegar, a veces, en estructuras que no siempre manejan a fondo la realidad de cada sector.

En ese contexto, el administrador de la Lotería Nacional aclara que existe una gran confusión sobre quién ha tenido el control del sistema de juegos en el país. Hasta 2006, la Lotería Nacional concentraba prácticamente todas las funciones: cobraba impuestos, otorgaba licencias, inspeccionaba y fiscalizaba. Sin embargo, ese esquema cambió.

A partir de ese año, el Ministerio de Hacienda asumió la emisión de licencias y la fiscalización, mientras que la Lotería continuó cobrando las obligaciones tributarias hasta 2011. Con la Ley 139-11, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pasó a encargarse de la recaudación, y se estableció una prohibición expresa para la creación de nuevas bancas de lotería durante diez años, entre 2011 y 2021.

El problema, explica Tabar, es que durante ese período se otorgaron miles de permisos bajo otras denominaciones, como “puntos de venta” o “agencias”, lo que en la práctica tuvo el mismo efecto que autorizar nuevas bancas. Para muchos expertos, ahí comenzó a profundizarse el desorden que hoy se intenta corregir.

A esto se sumaron trabas administrativas que, lejos de ordenar el sistema, lo complicaron aún más. Una de ellas fue condicionar el pago de impuestos a la interconexión tecnológica de las bancas. No obstante, la propia DGII había establecido, mediante la Norma 11-11, una cuota fija mensual de RD$880 mientras se completaba ese proceso, precisamente para no frenar la tributación.

En la práctica, según Tabar, ni se cobró esa cuota ni se aplicó correctamente el impuesto fijo por operación, que no dependía de la interconexión. El resultado fue un vacío que permitió que miles de bancas, muchas de ellas operando de forma irregular, quedaran fuera del sistema tributario.

Ante ese panorama, el presidente Abinader emitió el Decreto 63-22 en febrero de 2022, declarando de urgencia la regularización del sector y creando un Consejo de Seguimiento con participación de Hacienda, la DGII, la Lotería Nacional y representantes del propio sector. El proceso arrancó con resultados importantes: más de 90 mil bancas fueron identificadas mediante declaraciones juradas.

Sin embargo, el avance se frenó. Aunque la data fue remitida a Hacienda en octubre de 2022 para que las bancas comenzaran a tributar de forma provisional, el proceso quedó en pausa. Un año después, se ordenó entregar toda la documentación al Ministerio de Hacienda, lo que dejó el trabajo inconcluso.

Es en ese punto donde entra el Decreto 197-26. Para Tabar, se trata de una segunda oportunidad que genera expectativas positivas y obliga a dejar atrás prácticas que solo han servido para dilatar soluciones. “El objetivo es claro: que el sector cumpla con sus obligaciones tributarias y que el Estado recupere el control”, sostiene.

Finalmente, el funcionario admite que se apartó de la dirección de Casinos precisamente por no compartir metodologías administrativas que, a su juicio, ya demostraron su ineficacia. Aun así, reafirma su disposición a cumplir el mandato presidencial, siempre que el proceso avance con coherencia y resultados reales.

“Este decreto debe entenderse como un compromiso con la sociedad”, concluye Tabar, convencido de que la regularización no puede seguir siendo una promesa pendiente.