Supuesta estafa inmobiliaria avanza hacia juicio de fondo 

Empresario ronero explica viacrucis por retrasos procesales en tribunales

El caso de presunta estafa inmobiliaria que involucra al empresario José Enrique Yáber vuelve al foco público, no solo por el monto en disputa —300 mil dólares—, sino por lo que revela sobre los tiempos y obstáculos del sistema judicial dominicano.

La historia se remonta a 2016, cuando Yáber realizó una inversión para adquirir un apartamento en la Torre Bellorizonte, ubicada en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional. La promesa era clara: entrega en un plazo de 19 meses. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó en los términos acordados.

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Con la llegada de la pandemia de COVID-19, según el relato del empresario, la empresa constructora Arquiconstrucciones cerró sus oficinas y dejó de responder a los compradores. A partir de ese momento, el caso entró en una etapa de incertidumbre que se prolonga hasta hoy.

Retrasos prolongados marcan proceso judicial

El expediente, iniciado formalmente en 2021, ha transitado por una serie de dilaciones, archivos y recursos legales que han impedido una resolución oportuna. Yáber sostiene que la denuncia permaneció más de un año sin avances en la Fiscalía, e incluso fue archivada inicialmente, decisión que luego fue revertida por un tribunal.

La acción penal privada incluye acusaciones de abuso de confianza y bancarrota, involucrando a los constructores Francisco y Frank Pimentel, junto a otras personas y empresas vinculadas al proyecto.

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Uno de los elementos más graves denunciados es que el inmueble, junto a otros 23 apartamentos, habría sido transferido a terceros sin el consentimiento de los compradores originales. Esto, de confirmarse, implicaría un esquema más amplio que trasciende un conflicto individual.

“Hoy no tenemos ni el apartamento ni el dinero”, expresó Yáber, evidenciando el impacto económico y personal del caso.

Caso reactivado tras decisión tribunal reciente

El proceso tomó un nuevo giro el pasado 17 de abril, cuando la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó una solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de uno de los imputados.

El tribunal consideró que los recursos pendientes no tienen efecto suspensivo, lo que permite que el caso continúe su curso hacia el juicio de fondo. Esta decisión marca un punto de inflexión en un proceso que ha estado estancado durante años.

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Además de Yáber, al menos otros seis compradores enfrentan situaciones similares, mientras que algunos ocupantes del edificio aún no cuentan con títulos de propiedad, lo que añade incertidumbre sobre la legalidad de las transacciones.

El empresario advierte que casos como este pueden erosionar la confianza en el sector inmobiliario, especialmente entre inversionistas, al evidenciar fallas en la protección jurídica.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 20 de mayo, en lo que se perfila como una etapa decisiva. Tras años de litigio, el caso se acerca finalmente a una resolución que podría sentar precedentes sobre la respuesta institucional ante fraudes inmobiliarios en el país.