Pepca cree válida queja sociedad civil sobre retrasos en casos de corrupción

Mirna Ortiz pide avanzar y critica tácticas dilatorias

Santo Domingo. — La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, reconoció como válida la preocupación expresada por sectores de la sociedad civil ante la lentitud con que avanzan los principales casos de corrupción en los tribunales del país.

Al referirse al más reciente informe de Participación Ciudadana, la procuradora sostuvo que el señalamiento sobre los retrasos “es legítimo” y refleja una inquietud compartida por amplios sectores. “Lo que hay es un cuestionamiento válido al tiempo que ha tomado este tribunal en sede judicial”, afirmó durante un receso de audiencia en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El informe del movimiento cívico pone bajo la lupa el proceso seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados por presuntos actos de corrupción. Según los datos presentados, el expediente ha transitado por una larga cadena de audiencias sin que se entre aún en el conocimiento del fondo del caso.

Las cifras hablan por sí solas. Las medidas de coerción fueron impuestas en julio de 2021; el juicio preliminar se extendió por casi dos años y 95 audiencias; y desde la convocatoria del juicio de fondo, en septiembre de 2024, se han producido más de 20 aplazamientos, en su mayoría para discutir incidentes procesales.

Ortiz no eludió el tema. A su juicio, el proceso se ha visto entorpecido por maniobras de la defensa que, según dijo, buscan dilatar el conocimiento del caso. “Llevamos meses intentando iniciar el juicio y apenas avanzamos en la fase de incidentes. Los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua”, sostuvo.

La procuradora señaló que muchos de esos incidentes ya habían sido planteados y resueltos en la etapa preliminar, lo que, en su criterio, los hace inadmisibles bajo el Código Procesal Penal. “No tendría sentido volver a debatir lo que ya fue decidido”, apuntó.

Más allá de las responsabilidades de las partes, Ortiz también dirigió la mirada hacia el rol de los jueces. Considera que los tribunales deben hacer uso más firme de las herramientas procesales para evitar dilaciones innecesarias. Incluso, sugirió que algunos incidentes pudieron resolverse de manera administrativa, sin necesidad de prolongar audiencias durante semanas.

“A mi juicio, el tribunal ha sido excesivamente garantista”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de equilibrar el respeto a los derechos de los imputados con la obligación de ofrecer respuestas oportunas a la sociedad.

El Ministerio Público, aseguró, mantiene su expectativa de que el caso avance hacia una fase decisiva. Ortiz descartó que el proceso pueda extinguirse por el paso del tiempo y afirmó que la acusación cuenta con pruebas suficientes para sostenerse en juicio.

“Vamos a enfrentarnos a las pruebas, a los testigos y a los documentos. Este caso necesita una decisión definitiva”, dijo, convencida de que el desenlace incluirá sentencias condenatorias.

El expediente acusa a Rodríguez de encabezar una supuesta red de corrupción durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020. De acuerdo con la acusación, el entramado habría manejado de forma irregular más de 6,000 millones de pesos mediante distintos esquemas fraudulentos.

El proceso, que involucra a varios imputados y cargos que van desde soborno hasta lavado de activos, sigue en fase de audiencias preliminares extendidas. El tribunal fijó la próxima sesión para el 20 de abril, en un caso que se ha convertido en símbolo del desafío que enfrenta el sistema judicial dominicano para procesar expedientes de gran escala sin caer en la dilación.