Jean Alain responde a informe de PC y cuestiona proceso judicial

Exprocurador atribuye retrasos del caso a fallas del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- La respuesta no tardó. Tras la difusión del más reciente informe de Participación Ciudadana, el exprocurador general Jean Alain Rodríguez salió al frente con un documento en el que rechaza de plano las conclusiones del organismo y plantea una narrativa distinta sobre el proceso penal que enfrenta desde hace casi seis años.

Rodríguez sostiene que el informe presenta “informaciones falsas o manipuladas” y lo vincula con un intento de presionar al sistema de justicia en un momento clave: el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales, establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal dominicano.

El exfuncionario centra su argumento en un punto: la dilación del proceso no le es atribuible. Asegura que, durante todo este tiempo, ha comparecido a las audiencias sin provocar aplazamientos y recuerda que estuvo cuatro años en prisión preventiva, un período que coincide con el límite legal para cerrar este tipo de casos.

“Carece de lógica pensar que alguien que pasó ese tiempo privado de libertad tenga interés en extender el proceso”, plantea en su respuesta.

Su defensa, añade, no ha solicitado el cierre del expediente pese a que, según afirma, el plazo ya estaría vencido. La razón, explica, es evidenciar lo que califica como graves irregularidades en la investigación: desde supuesta falsificación de documentos hasta ocultamiento de pruebas de descargo y presiones a testigos.

En el documento también cuestiona la dimensión del expediente presentado por el Ministerio Público. Habla de una acusación “abultada, confusa e ininteligible”, compuesta por miles de páginas y cientos de miles de archivos digitales, lo que —según su versión— habría provocado retrasos significativos desde la etapa preliminar.

Rodríguez detalla una cadena de incidentes que, a su juicio, evidencian negligencia del órgano acusador: prórrogas en la fase de investigación que se extendieron por casi dos años, entrega de pruebas en formatos inservibles que obligaron a correcciones judiciales, incumplimientos en la entrega de evidencias y decisiones procesales contradictorias, como la separación y posterior reunificación de imputados.

También cuestiona la base jurídica del informe de Participación Ciudadana, señalando que se apoya en jurisprudencia que, según dice, ha sido modificada o dejada sin efecto por decisiones más recientes de los tribunales dominicanos.

Un elemento que resalta en su defensa es la ausencia —según afirma— de decisiones judiciales que atribuyan retrasos a tácticas dilatorias de su equipo legal. Por el contrario, sostiene que en varias ocasiones los tribunales han rechazado esos señalamientos del Ministerio Público y han dejado constancia de que las demoras provienen del propio órgano acusador.

En medio de esta disputa de versiones, Rodríguez apuesta por llevar el debate al terreno público. Convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril, donde —adelanta— sus abogados presentarán un desglose documentado del proceso y responderán punto por punto al informe.

El caso, lejos de cerrarse, entra así en una nueva fase: la de la confrontación abierta entre el imputado y uno de los principales actores de la sociedad civil que ha seguido de cerca los expedientes de corrupción en el país. Una disputa que, en última instancia, vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento del sistema de justicia dominicano.