Red criminal en Cristo Rey: cae Ismael,  pieza clave vinculado a varios asesinatos 

Ministerio Público vincula a imputado con homicidios y sicariato

SANTO DOMINGO. — La reconstrucción de varios hechos violentos ocurridos entre 2021 y 2023 en sectores del Distrito Nacional ha permitido al Ministerio Público perfilar lo que define como un patrón delictivo sostenido, con un mismo nombre en el centro: Ismael Ceballos Pérez, conocido como “Ismael”.

De acuerdo con la acusación preliminar, el imputado —deportado recientemente desde Estados Unidos— no solo habría participado en robos agravados, sino que también figura como presunto autor intelectual y material en homicidios por encargo, intentos de asesinato y otros hechos violentos que, según los fiscales, no fueron aislados, sino parte de una dinámica reiterada.

El expediente traza una línea cronológica que arranca la madrugada del 26 de julio de 2021. En esa ocasión, siempre según el órgano acusador, Ceballos Pérez habría participado en un asalto armado en una vivienda del sector Cristo Rey, donde murió Edwin José de los Santos Surun. El hecho, que involucró a varios coautores ya condenados, marcó el inicio de una serie de episodios que ahora se investigan como parte de una misma estructura criminal.

Dos meses después, el 21 de septiembre de ese mismo año, la violencia volvió a repetirse en la misma zona. En la calle 38, esquina 43, otro asalto a mano armada terminó con la muerte de José Juanelgi Jiménez De Jesús. Las autoridades sostienen que el imputado actuó en conjunto con otros individuos, también ya condenados, en un esquema que combinaba robo y uso de armas de fuego.

Sin embargo, uno de los episodios que más peso tiene en la acusación ocurrió el 16 de abril de 2023, en el sector Villas Agrícolas. Allí fue ultimado Walter Alexander Benítez, alias “Bobolo”. Según la investigación, este crimen habría sido planificado con antelación y ejecutado por encargo, a cambio de 300 mil pesos.

El Ministerio Público afirma que Ceballos Pérez jugó un rol determinante: habría reclutado a los ejecutores, les mostró una fotografía de la víctima y coordinó su traslado hasta el lugar del ataque. Este señalamiento apunta a una estructura con niveles de organización más complejos que los de un delito común.

La cadena de hechos no se detiene ahí. El 11 de agosto de 2023, en la avenida Nicolás de Ovando, próximo a un establecimiento comercial, se produjo otro ataque armado. En ese incidente murió Markio Antonio Cabrera Pérez y resultó herido Starlyn Moisés González. Testimonios y peritajes indican que el agresor llegó encapuchado en una motocicleta y disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Las indagatorias apuntan a que este hecho estuvo motivado por conflictos personales, aunque no se descarta su conexión con eventos anteriores. De hecho, días antes —el 6 de agosto— ya se había registrado otro ataque en el que resultó herido Pablo José Santana. Un análisis balístico confirmó que en ambos casos se utilizó la misma arma de fuego, un elemento clave para los investigadores.

Tras estos episodios, el imputado habría salido del país. Las autoridades sostienen que se trasladó primero a Puerto Rico y luego a Estados Unidos, en un intento por evadir la persecución penal. Su retorno no fue voluntario: fue deportado y arrestado el 7 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en cumplimiento de una orden judicial pendiente.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción, argumentando la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la supuesta reincidencia del imputado. En el plano legal, el expediente incluye múltiples violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 631-16 sobre armas, lo que podría traducirse en una pena significativa si se comprueban las imputaciones.

El proceso, sin embargo, avanza entre aplazamientos. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha pospuesto en varias ocasiones el conocimiento de la medida de coerción a solicitud de la defensa. La audiencia más reciente fue fijada para este domingo 12 de abril, mientras que otro proceso vinculado al caso, específicamente por la muerte de Benítez, quedó programado para el lunes 13.

En medio de estos retrasos, el caso mantiene la atención pública. No solo por la cantidad de hechos atribuidos, sino por lo que revela: una secuencia de violencia urbana que, más allá de los nombres, expone las fisuras de seguridad en sectores densamente poblados de la capital.