Desalojo en Tele Ofertas fue legal y  cierra litigio de 20 años

Abogado afirma que proceso agotó instancias y avala uso de fuerza pública

El conflicto por los terrenos del antiguo establecimiento Tele Ofertas, en la concurrida intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, llegó este sábado a su punto final tras más de dos décadas de disputas judiciales.

Así lo explicó el abogado Héctor Frías Vilorio, representante legal de varios de los inquilinos involucrados, quien aseguró que el proceso no es reciente ni improvisado, sino el desenlace de una litis que se extendió por aproximadamente 20 años en los tribunales del país.

De acuerdo con el jurista, durante ese tiempo se agotaron todas las vías legales disponibles, incluyendo recursos y plazos otorgados para que los ocupantes desalojaran voluntariamente los locales. “No se trata de una acción arbitraria ni sorpresiva, sino del cumplimiento de una sentencia definitiva que ya no admite más recursos”, sostuvo.

Frías Vilorio subrayó que la intervención de la fuerza pública responde a una orden respaldada por el Abogado del Estado, luego de que se cumplieran los procedimientos correspondientes. En ese sentido, insistió en que los ocupantes, incluyendo el negocio Tele Ofertas, tenían pleno conocimiento de la situación jurídica del inmueble.

El abogado rechazó las versiones que califican el desalojo como un atropello, al tiempo que defendió la legalidad del proceso. A su juicio, lo ocurrido este sábado es la materialización de un derecho de propiedad que fue confirmado tras un largo recorrido judicial.

“El Estado está actuando conforme a la ley. Aquí lo que procede es la restitución de un derecho que ya fue reconocido por los tribunales”, explicó.

En cuanto al despliegue policial en la zona, indicó que su objetivo principal es evitar incidentes y garantizar que la entrega de los terrenos a sus propietarios legítimos se realice sin alteraciones del orden público.

El caso, que durante años permaneció en disputa, cierra así un capítulo prolongado de incertidumbre legal, marcando un precedente sobre la ejecución de decisiones judiciales en materia de propiedad inmobiliaria en el país.