MP rechaza tácticas para extinguir proceso por corrupción

Ministerio Público exige que imputados de Operación Coral enfrenten juicio sin evasivas

El Ministerio Público ha lanzado una contraofensiva legal frente a los intentos del general Adán Cáceres Silvestre y otros implicados en las operaciones Coral y Coral 5G de evadir sus responsabilidades. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha sido enfática: el tiempo no puede ser un refugio para quienes son acusados de desfalcar al Estado por una suma superior a los RD$4,500 millones.

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, desmontó las pretensiones de la defensa, que busca la extinción de la acción penal basándose en un simple conteo de días. Sin embargo, la justicia ha sido clara al establecer que la complejidad de un caso de esta magnitud y las constantes tácticas dilatorias empleadas por los propios acusados impiden que el proceso caduque.

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Estrategias defensivas carecen de sustento legal

Ortiz argumentó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la extinción no es un "cálculo matemático". Según la magistrada, el 90% de los retrasos en el calendario judicial ha sido provocado por la conducta de los imputados, quienes han presentado incidentes de forma reiterada para detener el avance del juicio. 

Este criterio ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional en sentencias recientes, donde se especifica que la duración de un proceso debe evaluarse bajo criterios de razonabilidad y complejidad.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que el general Cáceres intenta esta vía. Los jueces ya han rechazado en dos ocasiones solicitudes similares, validando la postura de que un entramado que involucra a altos mandos militares y policiales, así como la creación de estructuras religiosas para el lavado de activos, requiere un análisis exhaustivo que no puede verse truncado por tecnicismos temporales.

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Penas máximas por supuesto robo de contribuyentes

El Ministerio Público no solo busca mantener vivo el caso, sino que ya ha solicitado condenas que sirven como un mensaje contra la impunidad. 

Para los principales cabecillas, entre ellos los generales Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, se han pedido penas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos. 

La gravedad de los cargos incluye la sustracción de fondos públicos destinados originalmente a dependencias de seguridad del Estado.

El proceso también apunta a la disolución de entidades que funcionaron como fachadas para ocultar el dinero ilícito, incluyendo la Iglesia Bautista Vida Eterna. Ante las quejas de sectores religiosos, el órgano persecutor aclaró que la incautación de locales adquiridos con dinero robado no vulnera la libertad de culto, pues la fe no depende de un inmueble mal habido. 

El juicio ha sido aplazado para el próximo 14 de abril de 2026, fecha en la que se espera continuar con el decomiso de villas, vehículos de lujo y otros bienes que, según la fiscalía, deben retornar al patrimonio del pueblo dominicano.